Bukele anuncia una nueva cárcel contra los corruptos en El Salvador
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El presidente emprende un drástico recorte de la Administración a menos de un año de las elecciones: el país pasará de 262 alcaldías a tener solo 44 tras más de un año inmerso en la llamada “guerra contra las pandillas“, el presidente salvadoreño Nayib Bukele ha anunciado una contienda más. Esta vez, ha dicho, es contra los corruptos y ha proclamado la construcción de una nueva cárcel donde encerrarlos. Así lo informó el mandatario la noche del jueves, durante su discurso a la nación al cumplir su cuarto año en el poder.
Como muestra de su nueva ofensiva, Bukele anunció que, en el momento en que pronunciaba esas palabras, la Fiscalía General de la República ejecutaba el allanamiento e incautación de todas las propiedades del expresidente Alfredo Cristiani, quien gobernó el país centroamericano durante 1989 a 1994. “Así como desplegamos fuerzas de seguridad y acorralamos a los pandilleros hasta llevarlos a la cárcel, así también perseguiremos a los delincuentes de cuello blanco, vengan de donde vengan”, dijo Bukele. Desde su salida del poder, Cristiani ha sido fuertemente señalado por presuntos actos de corrupción.
A mediados de 2021, diputados del oficialismo pusieron un aviso ante la Fiscalía General de la República acusando al exmandatario de haber cometido lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y cohecho. Sin embargo, no había sido procesado por ninguno de esos delitos hasta ahora.
Cristiani, además, es perseguido por la justicia desde marzo del año pasado por su presunta participación en la masacre de seis sacerdotes jesuitas y dos de sus colaboradoras en 1989, durante la guerra civil salvadoreña. Se presume que el exmandatario abandonó el país en febrero de 2022.
La nueva “guerra” anunciada por Bukele ha sido cuestionada por analistas y miembros de organizaciones de la sociedad civil que trabajan por la transparencia y contra la corrupción. Temen que la medida sirva únicamente para apresar a los enemigos políticos del presidente a menos de un año de las elecciones presidenciales, legislativas y municipales programadas para febrero y marzo del próximo año.
Solo en el último año, las autoridades salvadoreñas han capturado a más de 68.000 personas acusadas de pertenecer a pandillas o colaborar con ellas. Sin embargo, miles de inocentes han sido capturados y decenas han muerto torturados en prisión sin haber sido juzgados, según han denunciado organismos de derechos humanos.
Otros señalan que la nueva “guerra” podría ser un caso de revanchismo familiar. En 2014, antes de fallecer, Armando Bukele, padre del actual mandatario, escribió en su cuenta de Twitter que Cristiani había intentado romper su familia. “Pero gracias a él, nos hizo más fuertes. ¡Hoy, que lo intente!”, escribió.
Ahora, tras cuatro años como presidente, Bukele controla todo el sistema de justicia en El Salvador. Llegó al poder en 2019 ondeando la bandera de la lucha contra la corrupción. Sin embargo, en el tiempo que lleva en el poder ha desbaratado todas las instituciones de transparencia y contraloría. Además, destituyó al fiscal general que lo investigaba por presuntas negociaciones de su Gobierno con las pandillas y disolvió la Comisión Internacional Contra la Impunidad (CICIES) que él mismo instaló en el país después de que esta elaborara un informe con más de una docena de posibles casos de corrupción entre sus funcionarios.
Al inicio de la crisis ocasionada por la pandemia de la covid-19, el mandatario aseguró públicamente que a quien robara un solo centavo de fondos públicos lo metería preso él mismo. Desde entonces y hasta hoy, la prensa local ha publicado un rosario de señalamientos por corrupción, pero nadie ha ido preso.
Contrario a sus promesas, Bukele ha protegido a todos sus funcionarios acusados de actos de corrupción. Solo por mencionar algunos casos, su director de prisiones Osiris Luna fue acusado de robar comida que iba a ser repartida entre los más necesitados durante la crisis de la pandemia y venderla para su beneficio. A su director de la Unidad de Reconstrucción de Tejido Social, Carlos Marroquín, lo han señalado por liberar y ayudar a escapar del país a un alto líder de la MS-13 antes de que iniciara el régimen de excepción y hasta hay audios en los que se le escucha decir que tiene “lealtad y confianza” con la pandilla. Asimismo, su jefa de gabinete, Carolina Recinos, ha sido acusada de usar su influencia para beneficiar a sus dos hermanos a través de un banco estatal.
En lo que va de su administración, más de una docena de los funcionarios del Gobierno de Bukele han sido señalados por actos de corrupción por parte del Departamento de Estado de Estados Unidos, incluyendo a su secretario de prensa, su secretario jurídico, su ministro de Trabajo, uno de sus exministros de Agricultura y su exministro de Justicia. Pero Bukele ha reaccionado ante los señalamientos tildándolos de injerencias.
Reorganización política a meses de las elecciones
Bukele además aprovechó su discurso a la nación para anunciar un reordenamiento político-administrativo del territorio nacional. Ahora, El Salvador pasará de tener 262 alcaldías a solo 44. Según Bukele, esta medida tiene la finalidad de reducir el gasto público y maximizar la inversión en obras para las comunidades. “Los municipios no cambiarán de nombre, por lo que podrán seguir celebrando sus fiestas patronales como siempre. Ni los empleados públicos serán despedidos. Los que se van son los puestos de confianza”, aseguró.
Bukele además señaló que con esta redistribución también busca combatir la corrupción. Sin embargo, esta medida ha sido vista por la oposición como una estrategia para beneficiarse en las próximas elecciones. Algunos críticos consideran que cualquier cambio al sistema electoral, tan cerca de los comicios, refleja el temor del Gobierno a perder el control y busca concentrar aún más el poder en manos de Bukele.
La propuesta de reorganización política presentada por Bukele ha generado reacciones mixtas. Por un lado, sus seguidores lo respaldan y creen que esta medida permitirá una mejor gestión de los recursos y una mayor eficiencia en la administración pública. Argumentan que la reducción de alcaldías facilitará la toma de decisiones y agilizará los procesos de desarrollo en las comunidades.
Por otro lado, la oposición y diversos sectores de la sociedad civil expresan preocupación por la concentración de poder y la posible manipulación política detrás de esta reorganización. Cuestionan la transparencia del proceso y señalan que esta medida podría favorecer al oficialismo al limitar la participación de otros partidos políticos en las próximas elecciones.
Además, organizaciones defensoras de derechos humanos han manifestado su preocupación por el historial del Gobierno de Bukele en cuanto a respeto a los derechos fundamentales. Han denunciado abusos y violaciones de derechos humanos en el marco de la “guerra contra las pandillas” y temen que estas acciones se intensifiquen en el contexto de la supuesta “guerra contra los corruptos”.