Fiscalía pide condenar Luis Gonzalo Gallo en el juicio al despojo de campesinos por parte del Fondo
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El juicio contra los responsables del despojo de 105 familias campesinas en la vereda La Tulapa del Urabá antioqueño terminó en Medellín. Según la Fiscalía, el empresario Luis Gonzalo Gallo y sus presuntos cómplices deben ser condenados.
Terminó el juicio contra los acusados de concertarse para desplazar campesinos y lavar activos en Córdoba y Urabá a través del Fondo Ganadero de Córdoba. La Fiscalía y la Procuraduría pidieron condenarlos. El empresario Luis Gonzalo Gallo, dos notarios y una exfuncinaria del entonces Incora están entre los siete procesados.
Dalila Díaz, Fiscal contra el crimen organizado afirmó: “Actuaron en forma mal intencionada, es decir, con dolo, porque todos conocían los problemas que la región presentaba a causa de los grupos armados ilegales”.
Según las conclusiones que entregó la Fiscalía, Gallo y los funcionarios públicos se concertaron para comprar a no más de 350 mil pesos por hectárea, las tierras de los campesinos. Por su parte, Dalila Díaz también asegura que “En la notaría tercera de Montería se protocolizaron 52 compras, que correspondían al 52 % del total de los 105 predios adquiridos por el Fondo”.
Gallo quien manejaba las finanzas del Fondo Ganadero, sabía que eran tierras estratégicamente ubicadas porque tenían salida al mar, al punto que apenas fueron compradas, se valorizaron. El 20 de septiembre del año 2000 en la notaría de San Pedro de Urabá que dirigía Lia del Carmen Hurtado se escrituraron treinta compras a favor del Fondo Ganadero.
“En la notaría de la señora Lía Hurtado se protocolizaron el 48% de las escrituras de las tierras de Tulapa, que correspondían a 51 escrituras” Dalila Díaz, Fiscal contra el crimen organizado
Un hecho parecido había ocurrido dos años antes en la notaría tercera de Montería del acusado Miguel Francisco Puche Yáñez. El 17 de marzo de 1998 se protocolizaron 12 compras a favor del Fondo Ganadero, sin que ninguno de los dos notarios dejaran al menos constancia de que se estaba contrariando la ley agraria que impedía la acumulación de baldíos.