Las declaraciones de Natalia París sobre el dióxido de cloro, recordaron un suceso relacionado a esta sustancia que se presentó a inicios del año 2021.

Aunque las autoridades sanitarias han recomendado no usar esta sustancia, varios aseguran que esta es “la cura” para enfrentar el Coronavirus.

A principios del año 2021, un juez argentino obligó a una clínica privada de Buenos Aires a tratar con dióxido de cloro a un paciente con Covid-19.

A pesar del polémico fallo que alertó a la comunidad médica, el  juez civil, Javier Pico Terreno, hizo lugar al amparo presentado y dispuso que el Sanatorio Otamendi y Miroli administrara al paciente la sustancia que le había sido indicada por su neurocirujano particular.

La clínica apeló la medida, pero debió realizar la práctica aunque aclaró que lo hacía fuera de su responsabilidad.

El paciente, un hombre de 92 años y que ya estaba grave, falleció el lunes 11 de enero, horas después de iniciar este tratamiento.

Historia detrás del polémico tratamiento

El 7 de enero, un día después de que su madre falleciera por Coronavirus, José María Lorenzo solicitó a la Justicia que su padrastro, Oscar García Rúa, recibiera “en carácter urgente” la administración de nebulizaciones de ibuprofeno de sodio y de dióxido de cloro intravenoso, terapias recetadas por el neurocirujano del paciente, Dante Converti.

En su fallo, el juez consideró que “la cobertura de los tratamientos indicados no ocasionaría un grave perjuicio” para el sanatorio, pero “evita, en cambio, el agravamiento de las condiciones de vida” del paciente, al suministrarle dióxido de cloro.

El magistrado dictaminó que el hospital deberá “garantizar la implementación de los tratamientos prescriptos por su médico tratante”.

La decisión fue cuestionada por la comunidad médica.

“Que un juez decida que un médico tiene que aplicar una sustancia para la cual no hay ninguna evidencia científica es realmente preocupante, sobre todo cuando es en forma endovenosa. No es decisión de un magistrado administrar una medicación que no conoce en un paciente, no es su rol”, advirtió Omar Sued, presidente de la Sociedad Argentina de Infectología.

El abogado de la Fundación Huésped y del hospital Muñiz Ignacio Maglio consideró el caso “una aberración jurídica y un escándalo”.

“Es una desmesura, una extralimitación de las facultades jurisdiccionales donde con un certificado médico se indicó una medida cautelar con todo el riesgo y el daño que significa”señaló.

El abogado de la familia del difunto, Martín Sarubbi, dijo al Canal C5N que sus representados demandarán al sanatorio Otamendi al considerarlo responsable de la muerte porque “dilató el tratamiento”.

“El hombre fallece por una infección intrahospitalaria y a causa de la demora del tratamiento”, afirmó el abogado.

Las autoridades recuerda que el dióxido de cloro no es una sustancia autorizada para tratar el Coronavirus u otra enfermedad.