¿Libertad para Mancuso? Solicitud se definirá entre el 1 y 4 de marzo
La solicitud busca además eliminar las restricciones a su movilidad, ya que debe cumplir con la designación como Gestor de Paz
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En cumplimiento de una orden judicial emitida el pasado 22 de febrero, se ha programado una audiencia para determinar si Salvatore Mancuso, condenado parcialmente y actualmente recluido en “La Picota”, comenzará a descontar el término de libertad a prueba.
La solicitud, presentada por la abogada Beatriz Eliana Quintero Benítez, apoderada suplente de Mancuso, busca además eliminar las restricciones a su movilidad, ya que debe cumplir con la designación como Gestor de Paz por parte del Gobierno Nacional.
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“Solicitó que se fije fecha y hora para audiencia con la finalidad que este despacho determine el momento en el cual su representado comenzará a descontar el término de libertad a prueba establecido en auto del pasado 3 de marzo y definir qué obligaciones deberá cumplir durante ese lapso, así como ordenar su liberación inmediata, que se eliminen las restricciones a su movilidad atendiendo que debe cumplir la designación como Gestor de Paz que le efectuó el Gobierno Nacional”, dice el documento del Juzgado penal del circuito con función de ejecución de sentencias para las salas de justicia y paz del territorio nacional.
La audiencia, programada para los días viernes primero de marzo y lunes 4 de marzo de 2024, se llevará a cabo de manera virtual a través de la plataforma Lifesize.
En ella se resolverán todas las solicitudes referidas, incluyendo la definición de las obligaciones que deberá cumplir durante el período de libertad a prueba.
Se ha ordenado la citación de los apoderados de las víctimas reconocidos en los procesos en los que Mancuso Gómez tiene sentencias parciales acumuladas, así como la presencia de la Fiscalía encargada de la persecución de sus bienes.
Se espera que la audiencia permita esclarecer el cumplimiento de las obligaciones dispuestas en los fallos transicionales emitidos en su contra, así como los compromisos adquiridos al acogerse a la Ley 975 de 2005.