¿Familias wayuu terminarán financiando multinacionales portuguesas de energía renovable?

Hay un tema que ha puesto de acuerdo a diferentes actores del sector de energía, como Asoenergía, Acce, Acolgen y el senador José David Name, una de las figuras políticas más vocales del país en estos asuntos. La intención de sortear la crisis en La Guajira esconde medidas que pueden provocar aumentos de hasta 7% en las tarifas de los usuarios, alertan.

Los gremios y expertos están advirtiendo conjuntamente de graves efectos colaterales de los decretos del Gobierno Nacional en el marco de la declaratoria del estado de emergencia económica en el departamento del Caribe colombiano: permiten a empresas adjudicatarias de proyectos de energía eólica suspender los contratos y no entregar la energía a la que se habían comprometido, lo que desembocaría en nuevos aumentos tarifarios en el servicio.

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“Una de las medidas para la sostenibilidad económica para la subsistencia de la población, contenida en el artículo 7, define la suspensión temporal de los contratos de suministro de energía proveniente de los proyectos de energía renovables en La Guajira, que fueron parte de los resultados de un proceso nacional para apoyar el desarrollo de ERNC (Energías renovables no convencionales), y sobre los cuales las empresas Comercializadoras de energía, fueron incluidas de manera OBLIGADA, y se contrataron para comprar dicha energía según los mecanismos establecidos en las subastas convocadas por el Ministerio de Minas y Energía en los años 2019 y 2021”, indican al respecto en un comunicado conjunto Asoenergía y la Asociación Colombiana de Comercialización de Energía, Acce.

Comunicado Asoenergía y Acce

Las medidas que adoptó el gobierno de Gustavo Petro mediante la declaratoria del Estado de Emergencia en La Guajira pretenden, entre otros, el rescate de la Transición Energética. Además de incluir la suspensión de los contratos renovables de energía de las subastas de largo plazo, establecen prioridad en la asignación en las subastas de cargo por confiabilidad para los proyectos ubicados en La Guajira. Estas fueron solicitudes realizadas por la multinacional portuguesa EDPR en una carta a la entonces ministra Irene Vélez, el 3 de febrero de 2023.

Sin embargo, habría efectos adversos sobre la población Wayuu, de acuerdo con las advertencias de los gremios. Las tarifas que percibe el departamento de La Guajira aumentarían más de $66 por cada kilovatio consumido, es decir, cada familia pagaría en promedio más de $13.000 adicionales en su factura de electricidad. Así mismo, el impacto también podría extenderse a otras zonas del país.

Este incremento se debe a que las empresas comercializadoras de todo el país dejan de comprar esta porción de energía a 220 $/kWh para sustituirla a precios de bolsa; los cuales durante este año han alcanzado valores de hasta 918 $/kWh. Medida que también tiene efectos sobre el erario, pues subiría las tarifas de estratos 1, 2 y 3 que están subsidiados por el Estado (que aún no ha presupuestado la totalidad de subsidios para este año).

“Es necesario legitimar la intervención del Estado en estos contratos para suspender temporalmente la obligación de suministro de energía”, señala el artículo 7 del Decreto 1276 del 31 de julio de 2023. Decreto 1276 del 31 de julio – emergencia en La Guajira

Normalmente, la ley protege las obligaciones y los derechos que surgen de los contratos, y, por lo tanto, no podrían ser modificadas por un tercero. Sin embargo, con este Decreto el Gobierno Petro interfiere y altera las condiciones: remueve la obligación que la multinacional extranjera pactó para entregar energía. Una fuente consultada experta en el sector describe lo que establece el decreto como una: “expropiación indirecta del derecho de los usuarios a tener contratación de energía”.

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El senador José David Name lanzó, en este sentido, un llamado al Gobierno: “somos solidarios con La Guajira y entendemos el espíritu de estos decretos, pero no deben ser inconstitucionales. Si con estos nuevos decretos se les permite a los proyectos que ganaron subastas suspender y no entregar energía, la energía a todos los estratos subirá entre un 5% y 7%. Porque al no tener esta energía disponible los distribuidores tendrán que ir a buscarla a la bolsa de energía, donde el kilovatio hora está mucho más caro”.

Hago un llamado al señor Presidente Gustavo Petro para que se analicen los decretos ley que se emitieron en las pasadas horas, especialmente los que comprometen al sector y la seguridad energética💡del país. @petrogustavo pic.twitter.com/2iuUKdlvlG

— José David Name C. (@JoseDavidName) August 4, 2023

El Decreto además establece que, en las facturas del resto del país, se incluirá un aporte de $1.000 adicionales para estratos 4, 5 y 6; mientras que usuarios comerciales e industriales deberán pagar $5.000 más. Lo recaudado se destinaría a soluciones energéticas en La Guajira, exclusivamente a la atención de Zonas No Interconectadas, es decir, a soluciones que deberían ser implementadas como resultado de los acuerdos de consulta previa y procesos de compensación que surten los promotores de proyectos renovables en La Guajira, como la empresa EDPR.

EDPR es hoy por hoy el cuarto productor mundial de energía eólica y solar con presencia en 28 mercados de Europa, América del Norte, América del Sur y Asia Pacífico

El resultado que temen las organizaciones empresariales locales, es que las familias colombianas (incluyendo a las poblaciones Wayuu) aumentarían su pago en electricidad para aminorar los impactos de las decisiones de inversión de multinacionales extranjeras en el territorio Wayuu. Los expertos consultados advierten, de igual manera, de un efecto sobre empresas comercializadoras que tienen saldos superiores a $4,2 billones y que se incrementarían al implementar medidas para salvaguardar empresas extranjeras.

Creemos que es fundamental tomar medidas que produzcan beneficios para los usuarios e incentiven el desarrollo del sector, sin entorpecer el avance de una institucionalidad pública y privada que genera energía, riqueza, empleo y bienestar para todos los habitantes del país. pic.twitter.com/ladARNEAt3

— ACOLGEN (@Acolgen) August 2, 2023

“Nos preocupa que algunas de las medidas adoptadas en el Decreto 1276 de 2023 no conducen a superar las causas de la declaratoria de situación de emergencia en el Departamento y, además, van en contravía de los principios que hemos defendido desde el sector de generación de energía eléctrica, que terminarán perjudicando a los usuarios finales al desincentivar la competencia y producir sobrecostos en la prestación del servicio”, firma en su comunicado al respecto Acolgen, la Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica.

La alerta apunta a que sería devastador los impactos de las decisiones lideradas en su momento por la ministra Irene Vélez, y que conectan con negociaciones llevadas a cabo en sus visitas en Europa. La exfuncionaria sostuvo el pasado 5 de mayo reuniones con directivos de Electricidad de Portugal Renovables y el Primer Ministro de Portugal.

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