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El Consejo de Estado ordenó reforzar la seguridad del Palacio de Justicia

La tutela que respondió y resolvió el Consejo al respecto, también pedía aplazar las elecciones de la nueva líder de la Fiscalía hasta que no se garantizara la seguridad del Palacio

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Foto: Corte Suprema de Justicia

El Consejo de Estado dio respuesta y solución a una tutela interpuesta por Gerardo Antonio Duque Gómez, ciudadano que utilizó dicha medida contra el presidente de la República por los hechos ocurridos el pasado ocho de febrero en el Palacio de Justicia.

En el documento se resaltaban falta de garantías de protección al Palacio y sus alrededores; esto por los disturbios que se presentaron por la demora de la Corte Suprema de Justicia en la elección de la líder de la Fiscalía General de la Nación.

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Duque Gómez solicitaba al presidente Gustavo Peto que mejorara las medidas de seguridad del Palacio y que incluso se aplazara la elección de la nueva fiscal.

“El accionante formuló como pretensiones que el juez constitucional ordene al Presidente de la República tomar las medidas necesarias como jefe de estado, jefe de gobierno y suprema autoridad administrativa para reestablecer el orden público; y que suspenda de manera provisional la elección del Fiscal General de la Nación hasta que estén garantizados los derechos fundamentales invocados de los ciudadanos y, en especial, de los empleados de la Rama Judicial que se encuentren en las instalaciones del Palacio de Justicia Alfonso Reyes Echandía”, dice el documento del Consejo.

Al respecto, el Consejo respondió asegurando que la petición sobre detener las elecciones para fiscal no era posible; sin embargo, a cerca de las garantías de seguridad, envió el trabajo a la Alcaldía de Bogotá.

“El alcalde Mayor de Bogotá, servidor a quien le ha sido asignada la competencia para conservar el orden público en el Distrito y quien como consecuencia tiene interés en las resultas de este trámite y puede ser destinatario de las medidas, refuerce la seguridad del Palacio de Justicia y sus alrededores, de manera tal que, garantice los derechos fundamentales a la manifestación pública y pacífica, a la libertad de locomoción, a la vida, a la seguridad, de los manifestantes pacíficos, del tutelante, de los usuarios de la administración de justicia, y de los transeúntes en general”, ordenó el alto tribunal.

Las medidas mencionadas incluirán el reforzamiento del pie de fuerza y el establecimiento de controles del tráfico de aproximación al Palacio de Justicia, y la consulta y actuación de conformidad con los informes de inteligencia que hayan sido recabados sobre el tipo de conductas que fueron denunciadas en la marcha anterior.

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