El 9 y 10 de septiembre del 2020 hubo una masacre en Bogotá, según informe
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Un duro informe recibió hoy la alcaldesa de Bogotá, Claudia López en el que se asegura que durante las protestas del 9 y 10 de septiembre del 2020 hubo una masacre en la capital. Por estos hechos la mandataria pidió perdón.
Una hora y media duró el director de la relatoría Carlos Negret, exdefensor del Pueblo y la representante de la ONU en Colombia, Juliette de Rivero, para explicar cuáles son las investigaciones que se llevan a cabo, y por supuesto, cada detalle de este informe sobre lo ocurrido el 9 y 10 de septiembre del 2020 en medio de las protestas en Bogotá. Aseguran que sacan cinco conclusiones que determinan lo que pasó durante esos dos días.
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Inicialmente, las dos primeras hacen referencia al uso desproporcionado de la fuerza, además que se trató de una masacre policial, y dentro de estas entra, que en esos días se debió haber dado una orden: la de no disparar contra los manifestantes, aunque esto ya esté dentro de la Constitución.
La tercera conclusión de este informe hace referencia a las víctimas, y es que todas las 14 víctimas del 9 y 10 de septiembre pertenecen, igual que sus familias, a la población vulnerable de Bogotá, la mayoría venían de otros territorios de Colombia a buscar un mejor futuro en la ciudad.
La cuarta conclusión es que la Policía no es subordinada de las administraciones territoriales, es decir de las alcaldías y las gobernaciones.
Por último, hacen énfasis en la escasez que hay en la estrategia judicial para esclarecer estos delitos ocurridos el 9 y 10 de septiembre.
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Todos se equivocaron, excepto las víctimas
Así lo asegura el director del informe, además que por no darse la orden de no disparar, la Policía y sus dirigentes deben pedir perdón.
Por lo anterior, y además de pedir perdón, la alcaldesa Claudia López le pidió a las CIDH una audiencia para tratar lo ocurrido el 9 y 10 de septiembre de 2020, además de manera inmediata se va a instalar una mesa territorial, con el propósito de establecer avances judiciales, atender la salud física y mental de las víctimas, y sus familiares, y avanzar en ese proceso de diálogo para que haya un perdón sincero y genuino.
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