División en Corte Constitucional por declaración que leyó Duque tras encuentro con altas cortes
- Polémica en Senado durante elección del magistrado de la Corte: la versión de Ariel Ávila
- Uribe y Duque felicitan a Trump y esperan que fortalezca la relación con Colombia
Los magistrados de la Corte Constitucional, Diana Fajardo Rivera y Jorge Enrique Ibáñez Najar se pronunciaron luego de la declaración conjunta suscrita entre el Gobierno y los presidentes de la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, la Jurisdicción Especial para la Paz, la Comisión de Disciplina Judicial, y la vicepresidenta del Consejo Superior de la Judicatura.
“No compartimos que el señor presidente de la Corte Constitucional haya suscrito la declaración conjunta con el Gobierno nacional. La separación de funciones, sin perjuicio de la colaboración armónica, obliga a la Corte Constitucional a mantener su independencia para el ejercicio de las funciones de control judicial que incluye las decisiones, omisiones o abstenciones del Gobierno”, afirman en un comunicado
Le puede interesar: “Colombia tiene que unirse y rechazar la violencia”: Duque tras encuentro con altas cortes
Aseguran que la Corte Constitucional ha debido mantener y no alterar los términos de la declaración conjunta de los presidentes de las Cortes emitida el pasado 5 de mayo.
Además, afirman que no le corresponde a la Corte Constitucional “reconocer el conjunto de acciones y programas sociales que se están ejecutando desde el Gobierno en atención a la situación sanitaria, así como a los desafíos sociales y económicos que enfrenta el país”, los cuales pueden ser en el futuro objeto de análisis judicial”.
Vea también: Denuncian que varios “policías dispararon contra protesta” en Cali: Policía aclara el caso
Los magistrados dicen que “así como válida y legítimamente se condenaron y rechazaron los actos criminales, de violencia, de terrorismo, de vandalismo y de vías de hecho”:
“También ha debido condenarse y rechazarse el uso excesivo de la fuerza, el desvío de poder y el abuso de autoridad que también afectan el orden jurídico, los derechos humanos y, en general, el Estado de Derecho”, afirmaron.