Dos | Una tutela que cambiaría significativamente la vida de cientos de domiciliarios o rappitenderos

La magistrada de la Corte Constitucional Natalia Ángel le pidió al alto tribunal que acepte el estudio de una tutela que plantea un presunto caso de vulneración de los derechos de un domiciliario que trabaja con la plataforma Rappi.

Esta persona se dedicaba a entregar domicilios en Bucaramanga y asegura que por su buen trabajo, los usuarios le daban una buena calificación.

Resulta que un día, de manera sorpresiva, bloquearon su cuenta en la plataforma y no pudo seguir trabajando.

Pidió explicaciones a Rappi y no obtuvo respuesta; decidió entonces interponer una tutela contra la sociedad Rappi S. A. S., en la que denunció que el bloqueo de su cuenta afectó los ingresos que percibía para el sostenimiento de su familia.

La tutela prosperó y un juez de la República le ordenó a Rappi que habilitara la cuenta del demandante y le pidió que en el futuro no inhabilitara a sus usuarios sin garantizar un debido proceso.

Aunque la tutela ya tiene una respuesta favorable, la magistrada Natalia Ángel sostiene que la Corte Constitucional debería revisar el caso por considerarlo novedoso; asegura que la prestación de servicios por medio de aplicaciones no es una posibilidad adicional de trabajo, sino que en muchas ocasiones se constituye en la única fuente de ingresos para ciertas personas o familias.

Es más, dice la magistrada, que estas personas que trabajan con plataformas pueden encontrarse en una situación de subordinación o indefensión respecto a las sociedades propietarias de estos portales digitales.

Interesante debate, que demanda, sin duda, un pronunciamiento de la Corte Constitucional