Dos | Reversazo del Gobierno ante la Corte Constitucional sobre sanciones a funcionarios elegidos con voto popular
La entidad del Gobierno reconoce su imprudencia y le pide a la Corte que no la tenga en cuenta
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Hace unos días, en esta sección, informamos que el Departamento Administrativo de la Función Pública le pidió a la Corte Constitucional que mantenga y no anule el fallo que faculta a la Procuraduría para sancionar a los funcionarios elegidos popularmente.
La comunicación, enviada por el director jurídico de la entidad, Armando López, se interpretó como un espaldarazo al fallo de la Corte Constitucional en el sentido de que la Procuraduría sí tiene facultades sancionatorias a funcionarios de elección popular.
El presidente Petro ha defendido la postura de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que establece que solo los jueces pueden restringir los derechos políticos de los funcionarios de elección popular y no autoridades administrativas como la Procuraduría.
La Función Pública corrigió su inicial concepto que le envió a la Corte y le hizo llegar este memorial firmado por su director jurídico, Armando López:
«Desisto del pronunciamiento efectuado ante esa corporación respecto del traslado de nulidad, teniendo en consideración que fue la única entidad interviniente del Gobierno nacional, por lo que le solicita no tener en cuenta los argumentos esgrimidos en el mismo […]».
Y agregó lo siguiente:
«Adicionalmente, considero que me encuentro en situación de conflicto de intereses, dados los pronunciamientos del Gobierno nacional sobre el tema».
La entidad del Gobierno reconoce su imprudencia y le pide a la Corte que no la tenga en cuenta.