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SuperTransporte abre investigación por presuntas irregularidades en la operación del muelle de Providencia

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SuperTransporte abre investigación por presuntas irregularidades en la operación del muelle de Providencia

La Superintendencia de Transporte abrió investigación y formuló pliego de cargos en contra de la Alcaldía municipal de Providencia y Santa Catalina por presuntamente haber definido condiciones operativas que no garantizan la seguridad, eficiencia y calidad de la prestación del servicio público portuario para el muelle de Providencia.

Así mismo, se abrió investigación al operador portuario Sai Tugs S.A.S. y, a la sociedad Inversiones One Piece S.A.S., por presuntas irregularidades en el uso de una barcaza que se ancló al muelle durante cuatro meses, con el aparente fin de privilegiar las operaciones de algunos usuarios en particular, en detrimento de los intereses legítimos de los demás usuarios.

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Para el Superintendente de Transporte, Camilo Pabón Almanza, “la Superintendencia adelantó una averiguación preliminar diligente y atenta en la recolección de pruebas, que generó una orden administrativa y ahora esta imputación de cargos. Nunca improvisamos, y menos en un caso en el que la debida prestación del servicio en el muelle es indispensable para la isla de Providencia”.

La averiguación preliminar

Tras una averiguación preliminar que involucró múltiples pruebas recaudadas en visitas de inspección, recepción de declaraciones y análisis de material documental, se determinó que el muelle de Providencia aparentemente no cuenta con protocolos de funcionamiento transparentes que contribuyan a la debida prestación del servicio público portuario de manera segura, eficiente y de calidad.

En caso de ser encontradas responsables de infringir las normas del régimen portuario, las investigadas podrían enfrentar multas hasta por el equivalente de 35 días de ingresos brutos, calculados con base en sus ingresos del mes anterior a aquel en el cual se impone la multa. A su vez, esta Entidad podrá ordenar la suspensión temporal del derecho a realizar actividades en los puertos por parte del infractor.

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