Petro advierte a Procuraduría que no aplicará sanciones a funcionarios electos por voto popular
El presidente emitió esta negativa tras rechazar una solicitud para suspender a un alcalde de una ciudad de la Región Caribe
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Mediante una extensa carta, el presidente Gustavo Petro le manifestó a la Procuraduría que no va a efectuar sanciones a funcionarios electos por voto popular.
Esta respuesta la emitió tras analizar el caso del alcalde de Riohacha, José Ramiro Bermúdez Cotes, al que una oficina delegada del Ministerio Público le solicitó suspender de sus funciones por tres meses.
“Se concluye que, la orden de la autoridad administrativa disciplinaria dispuesta en los autos referenciados y soportada bajo la figura de medida cautelar, contiene una manifiesta restricción al ejercicio pleno y eficaz de uno de los derechos políticos de las personas electas popularmente, según lo dispuesto en el artículo 23 No. 1 de la Convención ADH, nada menos, el de quedar impedido por la orden administrativa para ejercer temporalmente su cargo”, indica en su misiva el Jefe del Estado, en referencia al caso del alcalde Bermúdez
Por tal efecto, el presidente considera que, en caso de expedir la norma que efectúa tal sanción, estaría “desconociendo, vulnerando o incumpliendo el derecho humano reconocido para el sujeto disciplinado en el artículo 23 de la Convención ADH y comprometiendo la responsabilidad internacional del Estado”.
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Señala además que “no le asiste la obligación convencional de proferir los actos de cumplimiento o ejecución de la medida cautelar”.
“En los términos del inciso segundo del artículo 93 de la Constitución Política de Colombia y conforme a los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia con la expedición de dichos actos, se reitera, se consumaría la violación de los derechos humanos políticos del electo popularmente, implicando un serio riesgo de la responsabilidad internacional del Estado por un presunto acto ilícito internacional que en el futuro le sería reclamado a la República de Colombia”, expone.
De este modo, Petro pidió devolver la solicitud “al funcionario administrativo de origen para que adopte los correctivos convencionales que correspondan en el ámbito de sus competencias”. También remitirá copia de los antecedentes de este asunto a la Fiscalía, para que “adelante las actuaciones que considere pertinentes dentro del marco de sus competencias”.”