Más de 600 personas protegidas han sido asesinadas en dos años en Arauca
La Defensoría aseguró que constató que, en la mayoría de los casos, a las víctimas primero las desaparecen y después son sometidas a los llamados ‘juicios revolucionarios’
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Más de 600 personas protegidas han sido asesinadas en poco menos de dos años en el departamento colombiano de Arauca, fronterizo con Venezuela, en crímenes cometidos por grupos armados ilegales que buscan el control territorial, informó este viernes la Defensoría del Pueblo de Colombia.
“Es inaudito que desde enero del 2022 hasta la fecha hayan sido reportados más de 600 homicidios de personas protegidas en Arauca. Solo en lo que va del 2024, nuestros equipos en terreno han registrado el asesinato de 60 personas”, dijo el defensor del pueblo, Carlos Camargo, en Arauca, la capital departamental en la que inauguró una nueva sede del organismo.
Camargo, quien presentó hoy su renuncia, explicó que “la mayoría de los homicidios están relacionados con estrategias de control social o poblacional de supuestos colaboradores de uno u otro grupo armado ilegal, la eliminación sistemática de personas estigmatizadas socialmente y la mal denominada ‘limpieza social'”.
Arauca es el principal fortín de la guerrilla del ELN, que tiene en vigor un cese al fuego bilateral con el Gobierno pero no con otros grupos, y allí también operan disidencias de las FARC y bandas de narcotraficantes que buscan dominar la zona para sacar provecho de sus actividades ilícitas, que van desde el narcotráfico, la minería ilegal, tráfico de combustibles y trata de personas, entre otras.
Para Camargo es necesario poner los ojos en Arauca, “que ha sido por años un territorio de disputa de grupos armados, situación que vulnera de manera grave y constante los derechos de las personas que quedan en medio de la disputa por el control territorial”.
Modus operandi
La Defensoría aseguró que constató que, en la mayoría de los casos, a las víctimas de homicidio primero las desaparecen y después son sometidas a los llamado ‘juicios revolucionarios’ por supuestas violaciones de ‘normas’ impuestas por los grupos armados que imponen su ley ante la ausencia del Estado.
Ante la situación, Camargo le pidió al Gobierno del presidente colombiano, Gustavo Petro, hacer presencia institucional, y que despliegue acciones que permitan garantizar los derechos de la población civil, que vive atemorizada por actores armados que hasta le han impuesto ‘toques de queda’ para controlar los territorios.
“El departamento no puede continuar bajo el yugo de los actores armados y las organizaciones criminales, que diariamente atemorizan a la población civil en las zonas urbanas y sus campos”, dijo el defensor.