El magistrado César Augusto Lorduy es el nuevo presidente del Consejo Nacional Electoral
El magistrado Lorduy tiene una amplia trayectoria en los sectores público y privado en el campo del derecho, así como experiencia en la dirección de entidades gremiales y empresariales
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El pleno del Consejo Nacional Electoral -CNE eligió este jueves al magistrado César Augusto Lorduy Maldonado como el nuevo presidente de la corporación. Como vicepresidente, lo acompañará el magistrado Cristian Ricardo Quiroz Romero. Esta nueva mesa directiva asumirá sus funciones legalmente a partir del próximo 28 de septiembre del presente año.
El magistrado Lorduy, quien tiene una amplia trayectoria en los sectores público y privado en el campo del derecho, así como experiencia en la dirección de entidades gremiales y empresariales, manifestó que asume la presidencia con el objetivo de defender los principios democráticos y garantizar el derecho de participación política de todos los ciudadanos, independientemente de sus afiliaciones políticas.
Lorduy subrayó que uno de los objetivos principales del CNE es fortalecer la confianza de la ciudadanía en el sistema político, asegurando “la supervisión constante del cumplimiento de las normas electorales y la protección de los procesos de participación política dentro de un marco democrático participativo”.
El nuevo presidente también resaltó la importancia de que el CNE mantenga presencia en todo el territorio nacional, fomentando un diálogo continuo con la ciudadanía en cada región del país: “La democracia se construye de manera descentralizada, en las regiones, donde cada ciudadano tiene la oportunidad de participar activamente en diálogo con sus instituciones”, destacó el togado.
Asimismo, enfatizó que uno de sus objetivos es fortalecer la participación política de las mujeres. En este sentido, se comprometió a impulsar el proyecto de paridad de género que actualmente se debate en el Congreso, una iniciativa promovida por el CNE.
Finalmente, Lorduy concluyó que uno de sus propósitos es que la aplicación de la normativa electoral y la protección de los derechos políticos y democráticos se apoyen en nuevas tecnologías, como la inteligencia artificial.