Gobierno se pronunció tras intervención a EPS Sanitas: “No cumplía requisitos”
La decisión del Gobierno se fundamenta en un conjunto de razones que van desde problemas financieros hasta deficiencias en la calidad de atención a los usuarios.
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La Superintendencia Nacional de Salud ha tomado medidas drásticas al intervenir la EPS Sanitas, una de las entidades más grandes del país en cuanto a prestación de servicios de salud. La decisión se fundamenta en un conjunto de razones que van desde problemas financieros hasta deficiencias en la calidad de atención a los usuarios, afectando a una población afiliada de aproximadamente 5.7 millones de personas.
El incumplimiento de indicadores financieros clave, como el patrimonio adecuado y las reservas técnicas, ha sido uno de los principales motivos de la intervención, según lo destacado por el superintendente nacional de Salud, Luis Carlos Leal. Esto se traduce en un serio riesgo para la continuidad de la prestación de servicios de salud, poniendo en jaque la atención médica de miles de usuarios.
“La EPS Sanitas no cumplía con los requisitos de habilitación financiera, principalmente frente al patrimonio adecuado y frente a las reservas técnicas de las que tanto se ha hablado”, afirmó Leal.
Además, se ha observado un aumento alarmante en las quejas dirigidas a la EPS durante el año pasado, con un total de 185,634 reclamos, lo que evidencia una crisis en la capacidad de respuesta de la entidad frente a las necesidades de sus afiliados.
Por consiguiente, el Gobierno ha designado un interventor y tomado posesión de los bienes y negocios de la EPS a nivel nacional, con el objetivo de salvaguardar los derechos de los afiliados y garantizar la continuidad en la prestación de servicios de salud.
El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, enfatizó: “Aquí los servicios, tanto de la EPS como de la prepagada, se van a continuar prestando sin ningún inconveniente“.
La intervención también ha conllevado la creación de una junta asesora para el agente interventor, donde están representados los cinco principales acreedores, con el fin de facilitar la comunicación entre las aseguradoras y los prestadores de servicios de salud.