Fiscalía pide detención domiciliaria para gobernador de Putumayo
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La Fiscalía General logró la judicialización del gobernador de Putumayo, Buanerges Florencio Rosero Peña, como presunto responsable de irregularidades y sobrecostos detectados en un contrato del 1 de abril de 2020, para la compra de 10 ambulancias medicalizadas para el departamento por $3.460.634.610 para atender la pandemia por el COVID-19.
En las audiencias se demostró que el decreto de calamidad pública, que serviría como fundamento en la contratación, expedido por la Gobernación de Putumayo (Decreto 111 del 13 de marzo de 2020), se profirió antes de la declaratoria de la Emergencia Económica por parte del Gobierno.
Por tal razón, una fiscal de la Delegada ante la Corte Suprema de Justicia imputó los delitos de peculado por apropiación en favor de terceros agravado, contrato sin cumplimiento de requisitos legales y falsedad ideológica en documento público.
En contra del mandatario departamental, también se solicitó medida de aseguramiento de detención preventiva consistente en detención domiciliaria.
La investigación evidenciaría un presunto direccionamiento del contrato hacia un único proponente (Carrocería Innovas SAS) con un supuesto sobrecosto por $1.064.626.310.
El cual se reflejaría en el valor de las ambulancias, conforme a los criterios de especificidad, tiempo y calidad.
También se demostraría que el contratista, a pesar de su idoneidad, no tendría los vehículos disponibles para la fecha y plazo del contrato.
Pero sí habría recibido el pago del 50 % del valor del mismo como anticipo, contrario a las normas de contratación vigentes.
Respecto al cargo por presunta falsedad en documento público, al parecer, los documentos contractuales previos para sustentar la compra habrían sido elaborados en mayo 22 de 2020, es decir, serían posteriores al trámite del contrato.