Defensor del Pueblo advierte sobre financiamiento de grupos armados y la amenaza del ELN
Carlos Camargo, advierte al Gobierno de Gustavo Petro sobre la amenaza de financiar a grupos armados ilegales.
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En una declaración contundente, el Defensor del Pueblo de Colombia, Carlos Camargo, alertó al Gobierno del presidente Gustavo Petro acerca de la peligrosa posibilidad de que el Estado financie a grupos armados ilegales. Esta advertencia surge en medio de las discusiones sobre el sostenimiento del Ejército de Liberación Nacional (ELN) a cambio de su compromiso de abandonar los secuestros con fines económicos.
Camargo subrayó que “no puede ser el Estado el que financie grupos armados ilegales, y mucho menos si no han concluido un proceso de paz de manera exitosa”. Enfatizó que el bolsillo de los ciudadanos no debería convertirse en la fuente de ingresos para estructuras armadas al margen de la ley.
Defensor del Pueblo lanza dura advertencia a Petro
La semana pasada, el ELN anunció la suspensión de los secuestros con fines económicos, condicionándolo al cese al fuego y a la búsqueda de financiación para su supervivencia. ‘Antonio García’, alias del jefe del ELN, hizo esta declaración tras reuniones en México, donde se acordó que la guerrilla dejaría los secuestros con fines económicos y se explorarían opciones para financiar al grupo armado ilegal.
En este contexto, Camargo destacó que “la vida humana no tiene precio, la libertad no puede ser objeto de transacción, y el derecho a la vida es innegociable”. Hizo un llamado para que el Gobierno del presidente Petro adopte una postura centrada en el respeto a los derechos humanos como condición básica para participar en negociaciones que beneficien a los colombianos.
El Defensor del Pueblo insistió en que “cortar de raíz el crimen del secuestro es posible, pero no a través de las imposiciones del ELN”. Advierte que aceptar tales demandas podría sentar un peligroso precedente, facilitando que otras estructuras armadas ilegales vean en el crimen una forma lucrativa de obtener recursos estatales.
Camargo expresó su rechazo a considerar el chantaje como un método de negociación válido y financiación en los diálogos, argumentando que permitiría que todo en el país pueda ser objeto de negociación. Alertó sobre el mensaje “macabro” que enviaría: “delinquir sí paga” y que “incluso la vida y la dignidad tienen un precio de mercado”.