Críticas de la Contraloría a la reforma pensional: “puede generar incentivos perversos”
La Contraloría emitió el informe, pese a que señala que es partidaria de una reforma pensional que abarque soluciones a los bajos niveles de cobertura
- Contraloría ordena pagar al Estado $87 mil millones por el caso de Centros Poblados
- ¿Quiénes se quedan por fuera por el régimen de traslado de la reforma pensional?
La Contraloría General de la República cuestionó, en un informe de 272 páginas, el proyecto de reforma pensional que presentó ante el Congreso el gobierno de Gustavo Petro.
Aunque la Contraloría es partidaria de una reforma pensional que abarque soluciones a los bajos niveles de cobertura, a las inequidades del sistema pensional y a su insostenibilidad financiera, advierte que la propuesta del gobierno no soluciona esos puntos.
“De acuerdo con lo examinado por la CGR en este estudio, la reforma propuesta no responde completamente alas problemáticas del Sistema (…) La propuesta de reforma pensional no mejora la cobertura del componente contributivo del SGP (Sistema General de Pensiones), según las proyecciones del MHCP (Ministerio de Hacienda), y aunque la amplía principalmente a través del pilar solidario, este se desmarca del esquema pensional propiamente dicho. Por otro lado, puede originar nuevas inequidades e incentivos perversos como, por ejemplo, en el valor de los subsidios del pilar solidario y el de la renta vitalicia del pilar semicontributivo.”, advierte la Contraloría.
“A nivel de cobertura en la reforma pensional, una de las grandes limitaciones es la no inclusión de los regímenes especiales y exceptuados, los cuales llevan una importante asignación presupuestal equivalente al 39,3 % del total de recursos del PGN destinados a pensiones, es decir que de cada $100, $40 se destina a este tipo de regímenes, cubriendo el 17% de los pensionados del país.“, agrega el informe.
La Contraloría cuestiona el sistema de pilares planteado en la reforma.
“La principal apuesta para ampliar la cobertura en la reforma es la creación de un pilar solidario, el cual está disociado de la realidad del mercado laboral y es un subsidio de carácter asistencialista que estaría administrado por el Ministerio del Trabajo, dejando de lado que el gobierno cuenta con entidades experimentadas y consolidadas para el manejo de dicho subsidio, en programas como por ejemplo Colombia Mayor.“, dice el informe.
“Una de las preocupaciones del análisis de la reforma es la restricción que establece el ingreso de cotización solo sobre salarios y rentas de capital, lo que evidenciado por estudios es una de las causas por las cuales el país tiene tan bajas tasas de afiliados activos y de densidad en los aportes. El proyecto de ley no contempla siquiera la posibilidad de que el gobierno defina otras fuentes alternas de cotización.“, agrega.
“Frente a la sostenibilidad financiera, llama la atención el costo proyectado de la reforma, el cual muestra un acelerado crecimiento al pasarde un VPN (valor presente neto) en 2070 del 73,57 % del PIB a un VPN en 2100 del 126%. A lo largo de las primeras cuatro décadas de la reforma, el efecto fiscal de los pilares semicontributivo y contributivo es nulo frente al escenario sin reforma, etapa a partir de la cual comenzarían a observarse los efectos de la misma.“, anota.