Video | La condena y el monto que tendrá que pagar Emilio Tapia por caso Centros Poblados
Emilio Tapia fue condenado por el caso Centros Poblados. ¿Qué implicaciones tiene esta decisión?
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Emilio José Tapia Aldana, contratista vinculado al escándalo de corrupción de los Centros Poblados, ha sido condenado a seis años y cuatro meses de prisión. La decisión judicial se deriva de su implicación en irregularidades en la contratación con las Empresas Municipales de Cali (Emcali) y en el mencionado caso de corrupción.
Según la Fiscalía, Tapia deberá devolver una suma de 5.063 millones de pesos, una cifra que ha generado controversia, dado que el desvío total en este caso alcanzó 70.000 millones de pesos durante el gobierno de Iván Duque.
Hasta ahora, Tapia solo ha devuelto 2.532 millones a través de títulos judiciales. Para cubrir el 50 % restante, se comprometió a presentar dos pagarés por 1.265 millones cada uno en abril y octubre de 2025, respaldados por un inmueble ubicado en el corregimiento San Cristóbal, en Medellín.
Este escándalo se originó durante el gobierno de Ivan Duque, cuando el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTic) lanzó un programa para garantizar el acceso a internet en escuelas rurales del país.
Cronología del caso Centros Poblados
En octubre de 2020, Tapia se enteró de una licitación pública del MinTic para un contrato millonario destinado a dotar de internet a escuelas rurales.
En colaboración con otros individuos, formó la Unión Temporal Centros Poblados para participar en el proceso contractual, logrando la adjudicación del contrato 1043 de 2020 sin contar con las garantías bancarias necesarias.
Para recibir un anticipo, Tapia presentó pólizas bancarias falsas y obtuvo 5.063 millones de pesos, que utilizó para adquirir obras de arte, vehículos y cubrir gastos personales.
En relación con los 70.000 millones que se perdieron en este escándalo, las autoridades han estado trabajando para recuperarlos; sin embargo, hasta ahora no se han logrado avances significativos.
Además, en el caso de Emcali, Tapia creó un consorcio con empresas bajo su control para obtener contratos destinados a obras en la Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAR) en Puerto Mallarino, Valle del Cauca.
Para estos contratos, también falsificó pólizas que garantizaban créditos por un porcentaje del valor total. En su preacuerdo con la Fiscalía, Tapia aceptó cargos por peculado por apropiación agravado, fraude procesal y falsedad en documento privado; además, ofreció disculpas por sus acciones.
Actualmente se encuentra recluido en una prisión en Barranquilla, mientras las autoridades continúan investigando este caso emblemático de corrupción en Colombia.
