Cancillería no firmará el contrato de pasaportes adjudicado a Thomas Greg & Sons
Así lo anunció el canciller encargado, Luis Gilberto Murillo, sobre el contrato adjudicado por el exsecretario general de ese despacho, José Antonio Salazar
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Este martes, la Cancillería anunció que no firmará el contrato de pasaportes adjudicado por su exsecretario general, José Antonio Salazar.
Así lo anunció el canciller encargado, Luis Gilberto Murillo, quien dijo que elevó consultas a la oficina jurídica de la Presidencia de la República y a la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, para adoptar una posición unificada de gobierno y saber cómo se actúa administrativa y legalmente.
La controvertida licitación de pasaportes fue adjudicada a la firma Thomas Greg & Sons por un valor cercano a los $600.000 mil millones, por el entonces secretario general Salazar, a quien el presidente Gustavo Petro declaró insubsistente.
#ATENCIÓN | 🚨 La Cancillería anuncia que no el firmará contrato de pasaportes adjudicado por su exsecretario general, José Antonio Salazar.
El canciller encargado, Luis Gilberto Murillo dijo que elevó consultas a la oficina jurídica de la Presidencia de la República y a la… pic.twitter.com/xyqEGEiY8b
— Noticentro 1 CM& (@CMILANOTICIA) March 5, 2024
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La salida de Salazar de la Cancillería
Con información de: Agencia EFE
En sus funciones como secretario, Salazar había firmado la resolución con la que se adjudicó el millonario contrato (de alrededor de unos 149 millones de dólares) a la Unión Temporal Pasaportes 2023, liderada por Thomas Greg & Sons, la firma que se ha encargado de hacerlos durante 17 años.
Por esa razón el presidente colombiano, Gustavo Petro, acusó de traición a Salazar y lo destituyó del cargo, pues considera que “el contrato es corrupto y aquí está metida la capacidad de la empresa particular en todos los procesos de Thomas Greg & Sons y en la monopolización de todos los datos privados en una sola empresa privada“.
El Gobierno había suspendido la licitación hasta tanto se revisaran más de 550 observaciones hechas por las partes interesadas, en medio de una controversia que llevó a la Procuraduría General (Ministerio Público) a suspender del cargo por tres meses al canciller colombiano, Álvaro Leyva.