Justicia Transicional costó al Gobierno 6 mil millones de pesos en 2017

La Dirección de Justicia Transicional del Ministerio de Justicia reveló el informe de gestión del último año en el que da a conocer el avance en materia de justicia que se ha tenido en relación con las víctimas del conflicto armado, incluso lo referente a la implementación del Acuerdo de Paz y el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición.

Precisamente en el documento de 41 páginas el Ministerio de Justicia resalta qué se ha hecho para lograr la implementación del acuerdo final, citando como ejemplo “la reforma constitucional que creó el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, la expedición del Decreto Ley 706 de 2017, mediante el cual aplica un tratamiento especial a los miembros de la Fuerza Pública en el marco del SIVJRNR, así como la creación de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por desaparecidas y el proyecto de Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz aprobado por el Congreso, y que se encuentra en revisión por parte de la Corte Constitucional” entre otros.

Señala el ministerio que como parte de su compromiso para la correcta implementación del Acuerdo de Paz, se trabajará este año en acciones pedagógicas “encaminadas a la difusión y apropiación del Acuerdo (…) con énfasis en el conocimiento del SIVJRNR y el alcance de las víctimas para participar en los mecanismos creados en el Acuerdo, la Dirección de Justicia Transicional adelantará talleres de capacitación a víctimas ubicadas en 15 municipios”. En el informe se indica además que con el programa de la unidad móvil de atención y orientación a Víctimas del conflicto Armado, se ha logrado atender entre marzo de 2017 y abril de 2018 cerca de 25.475 víctimas en 11 departamentos de Colombia, entre ellos Antioquía, Meta, Arauca, Guajira, entre otros.

El Ministerio de Justicia igualmente señaló que en cuanto a la estrategia territorial de acceso a la justicia para víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado, el objetivo es garantizar el acceso a la justicia “para las mujeres, personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas y otros grupos poblacionales víctimas de violencia sexual y otras violencias basadas en género”, para poder eliminar las barreras de acceso a la justicia y atención integral, logrando atenderse a “259 mujeres víctimas de violencia sexual”.

Agrega la Dirección de Justicia Transicional que con dicha estrategia se atendió además a 107 personas de la población LGTBI, encontrándose que “una de las regiones focalizadas por las condiciones especiales de inseguridad, la presencia de actores armados, y la presencia de comunidades negras fue el municipio de Tumaco”.

Por otra parte, el informe menciona el Programa Especial de Resocialización para Postulados a la Ley de Justicia y Paz, resaltando que este “tiene como fin contribuir a las garantías de no repetición en el marco del conflicto armado, a través de la materialización de los derechos de las víctimas y el compromiso de los postulados”.

Revela además el documento que la Dirección de Justicia Transicional encargada de gestionar las solicitudes del trámite de Indulto, tramitó un total de 3.226 solicitudes entre derechos de petición, solicitudes de indulto, solicitudes de postulación a ley de Justicia y Paz y acciones de tutela recibidas en la Dirección de Justicia Transicional, de las cuales entre marzo de 2017 y abril de 2018, se concedieron 24 indultos.

Dichas estrategias utilizadas para fortalecer los mecanismos de justicia a favor de las víctimas del conflicto armado, así como los programas de resocialización de los postulados a justicia y paz, generó una ejecución presupuestal de $6.556.377.213 en el 2017.

La rendición de cuentas sobre labor realizada por la Dirección de Justicia Transicional del Ministerio de Justicia, se realizará el próximo 8 de junio.