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Controversia en Perú: inclusión de transexualidad como enfermedad mental genera debate

Desde el Congreso peruano se han impulsado leyes que restringen el lenguaje inclusivo, limitan la educación sexual integral en las escuelas y buscan suprimir la paridad y alternancia en las próximas elecciones.

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En un reciente decreto emitido por el Ministerio de Salud peruano, se ha generado una polémica al incluir la transexualidad, el travestismo y la identidad de género como enfermedades mentales dentro del Plan Esencial de Aseguramiento en Salud (PEAS). Esta decisión ha suscitado reacciones diversas entre activistas y políticos.

Según declaraciones de Susana Chávez, directora de la ONG Promsex, esta incorporación aumenta la desconfianza en el Estado respecto al respeto a las minorías sexuales y ha sido motivo de rechazo por parte de la institución. El Ministerio de Salud, por su parte, ha aclarado que la diversidad de género y sexualidad no son enfermedades ni trastornos, explicando que la actualización del PEAS busca garantizar una cobertura completa en salud mental.

No obstante, esta medida ha generado críticas tanto a nivel nacional como internacional. Voces políticas, como la de la congresista Susel Paredes, han solicitado la derogación del decreto, argumentando que refuerza el estigma y la discriminación hacia las personas trans. La congresista independiente Flor Pablo ha calificado la norma como inconstitucional y vergonzosa, instando a su pronta derogación.

Esta controversia se da en un contexto político donde se percibe un retroceso en los avances en derechos y políticas públicas relacionadas con la diversidad sexual y de género. Desde el Congreso peruano, se han impulsado leyes que restringen el lenguaje inclusivo, limitan la educación sexual integral en las escuelas y buscan suprimir la paridad y alternancia en las próximas elecciones.

Ante este escenario, la sociedad civil y diversos sectores políticos mantienen un debate abierto sobre los derechos y la inclusión de las personas LGTBI en Perú, instando al Gobierno a reconsiderar medidas que puedan perpetuar la discriminación y el estigma social.

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