¡Doloroso hallazgo! 13 trabajadores secuestrados fueron hallados sin vida en una mina
La tragedia ha generado gran indignación y dolor entre las familias de las víctimas, quienes reclaman justicia y una respuesta efectiva del Estado.
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En la región de Pataz, en el noroeste de Perú, fueron encontrados sin vida 13 trabajadores vinculados a una mina de oro, luego de haber sido reportados como secuestrados días antes.
Estos empleados prestan servicios a la empresa minera Poderosa, una de las principales compañías del país, que ha sido blanco de grupos armados relacionados con la minería ilegal.
¿Qué se sabe del caso?
“Esta madrugada, tras intensas labores de búsqueda, el equipo de rescate de la Policía pudo recuperar los cuerpos de los 13 trabajadores que fueron secuestrados (…) por mineros ilegales coludidos con elementos criminales”, dijo en un comunicado la minera Poderosa, en cuyas instalaciones ocurrieron los hechos.
El hallazgo ocurrió tras una intensa operación de búsqueda realizada por la Policía, que confirmó que los trabajadores habían sido secuestrados por mineros ilegales en complicidad con grupos criminales que tomaron por la fuerza de la mina.
La violencia en Pataz, una zona rica en minerales y afectada por la fiebre del oro, ha escalado en los últimos años. Desde febrero de 2024 se mantiene un estado de emergencia en la región para intentar controlar la situación. La minera Poderosa denunció que ya son 39 los trabajadores y mineros artesanales asesinados por estas bandas criminales que han tomado el control de gran parte de la zona.
Ante estos hechos, el gobierno peruano, encabezado por la presidenta Dina Boluarte, ordenó el despliegue de fuerzas especiales y equipos de investigación para capturar a los responsables. Además, se decretó un toque de queda en el distrito de Pataz, vigente desde las seis de la tarde hasta las seis de la mañana. Las Fuerzas Armadas asumieron el control de la zona minera para restablecer el orden y la seguridad. El Ministerio del Interior advirtió que sus agentes están autorizados a usar la fuerza si es necesario, en cumplimiento de la ley.
La tragedia ha generado gran indignación y dolor entre las familias de las víctimas, quienes reclaman justicia y una respuesta efectiva del Estado. Algunos familiares denunciaron la demora en las acciones oficiales y la falta de información clara durante los días del secuestro. El alcalde de Pataz anunció que se reunirá con la presidenta Boluarte para exigir soluciones urgentes a la inseguridad que afecta a la comunidad.
“Vengo levantando la voz fuerte, no soy revoltoso, pero me duele lo que pasa en mi pueblo (…) Si me meten a la cárcel o me asesinan, el único responsable será el gobierno central”, afirmó, acongojado.
Este suceso pone en evidencia la grave crisis de violencia y criminalidad vinculada a la minería ilegal en Perú. Este fenómeno ha dejado millas de víctimas y ha desafiado la capacidad del Estado para garantizar la seguridad en las zonas mineras.
Con información de Agence France-Presse (AFP).