Corte Constitucional pide al Gobierno mayor compromiso para superar crisis carcelaria
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Desde 1998, la Corte Constitucional le puso la lupa al problema carcelario que existe en el país. Desde entonces ha emitido una serie de órdenes tanto a los órganos de control como al Gobierno nacional para superar el hacinamiento carcelario, los problemas de alimentación, infraestructura y salud.
20 años después, el alto tribunal continúa haciéndole seguimiento a los avances de las órdenes que ha proferido, y cuyo avance ha sido tardío.
Tras un nuevo auto proferido por esa corporación judicial, la magistrada Gloria Ortiz, pone en evidencia que el desafío concreto es la elaboración de “una política criminal que responda, tanto a la situación concreta de las personas privadas de la libertad, como a la del establecimiento penitenciario y al problema estructural de vulneración de derechos”.
Tarea que está en cabeza del Ministerio Justicia y demás entidades vinculadas al seguimiento de la situación carcelaria del país, y la cual aún no se ha logrado realizar.
La Corte indicó que según la información recolectada por las diferentes autoridades, se logró constatar que existe una “dispersión de actividades que (…) no están atados a un objetivo o meta en particular y, por tanto, no (…) están relacionadas con el goce efectivo de los derechos de las personas privadas de la libertad”.
La magistrada indicó que si bien se ha presentado avances en la solución de la situación carcelaria, estos no han sido suficientes, advirtiendo para ello que informes de la Defensoría del Pueblo y de la Contraloría General, señalan los obstáculos para poder avanzar en la solución de dichos problemas.
La Defensoría afirmó que no solo no hay avances en una política criminal, sino que además persiste el hacinamiento, los problemas de los programas de resocialización y la deficiencia en la atención en salud. Y agrega, que para la Defensoría es un obstáculo “que el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario impida o dilate el ingreso de los funcionarios de la Defensoría a los centros de reclusión y, además, obstaculice el uso de cámaras o grabadoras”.
Por su parte, la Contraloría expresó que otro de los temas, son las “limitaciones de recursos financieros” lo cual impide “desplazarse a un mayor número de establecimientos de reclusión”.
Por lo que tras los informes entregados a la Corte Constitucional, la magistrada afirmó que “los avances hacia la superación” de los problemas carcelarios deben ser en parte al “producto de la coordinación y la articulación de la Presidencia como el más alto nivel del poder de ejecución del Estado, no como verificador desinteresado”.
“Le compete, por tanto, emitir las directrices necesarias para concretar una política criminal cada vez más respetuosa de los derechos fundamentales (…) la ejecución de la política es, y será, responsabilidad del Gobierno nacional”, señaló.
Aseguró el alto tribunal que existe “urgencia de una respuesta estatal adecuada que proteja los derechos de las personas privadas de la libertad”, las cuales deben tener “un carácter preventivo, que respete el principio de libertad personal, que busque como fin primordial la resocialización de los condenados, y que, además, sea coherente y sostenible”.
Pues señaló que a la fecha se evidencia un “estancamiento o el retroceso en la garantía de una política criminal articulada, consistente, coherente”.
“La gestión del Gobierno para responder a los deberes que le imponen las órdenes judiciales, no logra mostrar su incidencia en la efectiva superación del ECI (…) la gravedad de la violación masiva y generalizada de los derechos de las personas privadas de la libertad está vigente y no da espera. Es por eso que, por una parte, resulta inadmisible que asuntos como la incompatibilidad de agendas de los funcionarios o la inasistencia a las reuniones de los espacios interinstitucionales, sean excusa para dilatar el progreso en la superación del ECI” añadió.
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