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Presidente de Brasil busca que ciudadanos puedan matar ladrones sin consecuencias legales

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Presidente de Brasil busca que ciudadanos puedan matar ladrones sin consecuencias legales

Camioneros, abogados, políticos y otras categorías en Brasil tienen a partir de ahora el derecho a portar un arma de fuego, tras un nuevo decreto del presidente Jair Bolsonaro, considerado por muchos especialistas como inconstitucional y promotor de más violencia.

Bolsonaro, electo en octubre pasado con una retórica a favor de las armas y de “mano dura” contra el crimen, firmó la medida en una ceremonia en Brasilia.

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Ahora, el presidente confirmó que pretende darle inmunidad no solo a los policías sino también a los ciudadanos que maten ladrones.

En entrevista con la radio Tupi de Rio de Janeiro, Bolsonaro usó la figura de “excluyente de ilicitud”.

“Lo que yo quiero dar es el excluyente de ilicitud, no sólo a la policía, sino a usted también”, manifestó el jefe de Estado del gigante suramericano.

La propuesta incluiría la exculpación tanto a quienes viven en áreas rurales y maten a invasores de sus propiedades, como a quienes viven en las ciudades y se defienden de un “agresor que estuviera comprobadamente al margen de la ley”.

Especialistas aseguran que flexibilizar los controles aumentará la violencia armada en un país que ya ostenta uno de los mayores índices de homicidios del mundo.

Varios estudios hechos en todo el mundo muestran que “más armas significa más homicidios”, dijo Daniel Cerqueira, asesor del Foro Brasileño para la Seguridad Pública.

“A los brasileños se les permitirá tener hasta cuatro armas sin la autorización formal de la policía federal”, dijo Robert Muggah, director de investigación del Instituto Igarape en Río de Janeiro.

El decreto también autoriza a los propietarios de armas a comprar hasta 5.000 municiones por año, dependiendo del calibre que se trate, un gran salto en relación al límite anterior, de apenas 50.

“Eso supone 20.000 municiones por persona”, agregó.

Brasil registró 64.000 homicidios en 2017, una tasa de casi 31 por cada 100.000 habitantes, cifra tres veces superior al nivel considerado por la Organización de Naciones Unidas (ONU) como violencia endémica.

*Con información de AFP

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