Procuraduría pidió mantener fallo que ordena a Cerro Matoso reparar a comunidades

A través de un concepto enviado a la Corte Constitucional, el procurador general, Fernando Carrillo, solicitó a ese alto tribunal que deje en firme el fallo de tutela que profirió el magistrado Alberto Rojas Ríos, en contra de Cerro Matoso, en la cual ordenó a la compañía renovar la licencia ambiental y reparar a las comunidades indígenas y afrodescendientes del sur de Córdoba.

El Ministerio Público indicó que tal como lo señaló la Corte en su sentencia, “no cabe duda que existe una afectación generalizada por contaminación de níquel que padecen las comunidades de la región”.

Señaló la Procuraduría que en efecto la actividad minera desarrollada por la empresa, en las condiciones actuales, “vulnera el derecho fundamental a la consulta previa de las comunidades indígenas, al ambiente sano y a la salud, luego de encontrar acreditada la contaminación por níquel de las poblaciones en la zona de influencia directa del proyecto de Cerro Matoso”.

Cuestionó que se pretendiera insinuar que “actividades como cocinar con leña, o la ausencia de agua potable y saneamiento básico” son la consecuencia de la “contaminación”.

Agregó en su concepto que “se encuentra plenamente acreditado que las comunidades que se encuentran ubicadas en la zona de influencia directa de operación de la empresa Cerro Matoso S.A, han sido fuertemente afectadas por contaminación por níquel, circunstancia que encuentra pleno respaldo probatorio en el dictamen rendido por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses”.

“Luego de realizar múltiples pruebas de química sanguínea y de orina a las comunidades y a sus diferentes residentes en el área de influencia del proyecto, arrojaron resultados alarmantes, gravemente lesivos para su salud, pues se dictaminó que los mismos sobrepasan de lejos, los límites máximos permitidos en estándares internacionales, lo que implicaba repercusiones en la salud de las personas”.

Precisamente, varios integrantes de las comunidades indígenas afectadas, realizaron una manifestación frente a la Corte Constitucional, solicitando mantener la sentencia que ordenó respetar sus derechos.

Dayro Romero, uno de los voceros, indicó que la “situación es gravísima” y afirmó que el Gobierno debería ir a visitar sus territorios para evidenciar “que no tenemos salud, no tenemos comida, se nos está perdiendo la cultura, no tenemos fuentes hídricas (…) la mezcla de todos esos químicos en el aire es lo que nos tiene afectados”