Procuraduría recibe queja por posibles irregularidades en contratos de transporte aéreo

La Red de Veedurías Ciudadanas ha presentado una queja formal ante la Procuraduría y la Comisión Seccional de Disciplina Judicial, solicitando una investigación exhaustiva sobre posibles irregularidades en los contratos de transporte aéreo adjudicados a la empresa Helicol, que opera en conjunto con Ecopetrol en la región de la Orinoquía.

El caso ha generado controversia debido a las acusaciones de que Fabio Humar Jaramillo, abogado defensor de Helicol, habría tenido un papel dual al actuar como asesor de la Superintendencia de Industria y Comercio entre 2009 y 2013, período durante el cual supuestamente influyó en la adjudicación de contratos a empresas relacionadas con el sector aeronáutico.

Según Pablo Bustos, director de la Red de Veedurías, se habrían implementado prácticas restrictivas de la libre competencia, favoreciendo a Helicol y a otras compañías en la adquisición de servicios de transporte de personas y carga mediante helicópteros.

Bustos describió la situación como un ejemplo de “hélice giratoria”, haciendo referencia a la dinámica en la que un abogado pasa de asesorar a entidades públicas a defender intereses privados en el mismo sector.

En su declaración, el veedor también mencionó la existencia de órdenes de compra de vehículos blindados y otras transacciones que podrían haber sido direccionadas de manera irregular.

Por su parte, Fabio Humar Jaramillo respondió a las acusaciones, aclarando que no ha sido consultor de la Superintendencia desde hace 18 meses y que su relación con Helicol se ha limitado exclusivamente a procesos legales en la Fiscalía General de la Nación. Humar también cuestionó la exactitud de las fechas manejadas por la Red de Veedurías, subrayando que no ha representado simultáneamente a entidades públicas y privadas en asuntos relacionados con el mismo cliente.

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El abogado se mostró dispuesto a colaborar con las investigaciones que puedan surgir a raíz de esta queja, asegurando que estos procesos ayudarán a esclarecer los hechos y a establecer si hubo alguna irregularidad en la gestión de los contratos bajo su asesoría.

Este caso se suma a una serie de denuncias que han puesto en la mira las prácticas contractuales en sectores clave de la economía colombiana, donde la transparencia y la libre competencia son fundamentales para el desarrollo sostenible y equitativo del país.

Las autoridades competentes evaluarán las pruebas presentadas por la Red de Veedurías para determinar si existen méritos suficientes para iniciar una investigación formal.