Procuradora cuestiona negativa del presidente Petro: “que no se rompa la democracia”

La procuradora general, Margarita Cabello, acaba de pronunciarse sobre la negativa expresada por el presidente de la República, Gustavo Petro, para acatar una sanción de suspensión que fue impuesta por el Ministerio Público al alcalde de Riohacha, José Ramiro Bermúdez.

El presidente se niega a suspender al alcalde por tres meses, como dispuso la Procuraduría, alegando que dicha institución no tiene competencias para afectar los derechos políticos de los servidores de elección popular.

“Que no se rompa la democracia por algunas instituciones como el Presidente de la República que, desconociendo el Estado Social de Derecho, quiere incumplir una orden constitucional donde la competencia elaborada por la constituyente, determinó que en Colombia la lucha contra la corrupción no solo la ejerce un juez penal, sino la ejercen múltiples autoridades, porque la lucha contra la corrupción en Colombia sobrepasa los límites casi que del mundo entero, de acuerdo con estadísticas“; expresó la procuradora, Cabello, quien agregó que el presidente Petro está desconociendo un fallo de la Corte Constitucional que avala las sanciones disciplinarias de la Procuraduría contra los políticos.

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“La Corte Constitucional avala a la constituyente de Colombia cuando determinó que la investigación, el juzgamiento y la sanción contra servidores públicos, incluidos los de elección popular, la debe realizar la Procuraduría con la ratificación propia del Consejo de Estado. Y esa decisión fue ratificada por una sentencia de constitucionalidad de la Corte Constitucional“, expresó Cabello.

Según Cabello, dicho desacato del presidente podría generar un “caos institucional”, un “mal precedente y un mal ejemplo para nuestro país”.

“Me preocupa que en este momento de elecciones se esté dando vía libre a incumplir el estado de derecho y la democracia y a darle a los corruptos, funcionarios electos popularmente, sancionados por la procuraduría durante estos tres años, puedan aspirar e inscribirse y afectar la legitimidad de los ciudadanos para ser candidatos por las corporaciones públicas”, anotó la procuradora.