Gersel Pérez denuncia impacto de valorización en comunidades étnicas por la vía BAQ-CTG

Gersel Pérez, congresista por el Atlántico, expresó su rotundo rechazo al cobro de valorización por la vía BAQ-CTG en una entrevista reciente, señalando que este proyecto es inviable y va en contra de varios derechos constitucionales. Pérez, junto con su equipo de trabajo, anunció que tomarán acciones legales contra este cobro, argumentando que el proyecto viola el derecho a la consulta previa de las comunidades afrocolombianas, negras, raizales, palenqueras e indígenas, que habitan en la zona de influencia del proyecto.

El congresista destacó que el cobro de valorización no solo es ilegal, sino que también es inconstitucional, ya que vulnera el artículo 338 de la Constitución Política, además de contravenir la Ley 21 de 1991, que ratifica el tratado sobre consultas previas con comunidades indígenas y afrocolombianas en sus territorios. Pérez manifestó su sorpresa al escuchar al presidente, durante el Congreso de Infraestructura realizado en Cartagena, referirse a los habitantes de esta zona como extranjeros que viven en condominios, lo que, según él, justificaba el cobro de valorización a los mismos.

En su intervención, Pérez también puso en duda la legalidad de la medida tras preguntar a la ministra y al director de Invías si se había realizado la consulta previa a las comunidades. El director de Invías respondió que la consulta no era necesaria, ya que los predios de las comunidades indígenas y afrocolombianas ya estaban exentos del cobro. Sin embargo, Pérez cuestionó esta afirmación al señalar que, según datos oficiales del Dane y del Ministerio del Interior, el 64% de la población de Tubará es indígena, por lo que el hecho de que algunos predios estén exentos no refleja la realidad de la población local.

Ante esta situación, el congresista aseguró que su equipo tomará medidas legales para frenar el cobro de valorización, incluyendo una solicitud de medida cautelar para suspender el proyecto hasta que se realice la consulta previa correspondiente. Pérez reafirmó su posición de que este cobro es “inconstitucional e ilegal” y se comprometió a seguir luchando por los derechos de las comunidades afectadas.