Contraloría ordena pagar al Estado $87 mil millones por el caso de Centros Poblados
Una investigación concluyó que hubo una “gestión fiscal ineficaz, ineficiente e inoportuna”, ya que no se entregaron todos los equipos para finalizar el proyecto
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La Contraloría General de la República emitió un fallo con responsabilidad fiscal contra la Unión Temporal Centros Poblados por un valor de $87.027 millones, por las irregularidades detectadas en la ejecución del contrato de Centros Poblados.
El acuerdo, que fue firmado entre esa Unión Temporal y el Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (FUNTIC) del Ministerio TIC, tenía como propósito instalar internet en zonas rurales apartadas de Colombia.
El daño se concretó con el incumplimiento en la entrega total de los equipos necesarios para culminar el proyecto, lo cual impidió que se lograran los objetivos estatales de brindar conectividad gratuita en estas áreas remotas del país, indicó en un informe el órgano de control fiscal del Estado.
La investigación concluyó que hubo una “gestión fiscal ineficaz, ineficiente e inoportuna”, ya que no se entregaron todos los equipos para finalizar el proyecto Centros Digitales, cuyo fin era la instalación de 7.277 centros en 16 departamentos del país.
En ese sentido, la Contraloría determinó la responsabilidad fiscal de las empresas que conformaban la Unión Temporal Centros Poblados 2020 y su representante legal, por no ejecutar el contrato según los términos acordados.
El acuerdo fue terminado de forma anticipada debido a la falta de cumplimiento, lo que obligaba al consorcio a devolver los recursos públicos. Además, el consorcio presentó una garantía bancaria falsa, sin la cual no se habría firmado el contrato ni desembolsado el anticipo de $70.000 millones.
La Contraloría también declaró responsable fiscal al representante legal de la empresa proveedora, ya que esta no entregó los equipos comprometidos. Igualmente, se falló en contra de los miembros del consorcio interventor, quienes autorizaron pagos sin verificar que los documentos cumplían con los requisitos acordados, como la entrega total de los equipos.
El consorcio interventor, además, omitió solicitar una reunión extraordinaria del comité fiduciario para evitar que se giraran recursos debido al incumplimiento en el cronograma de ejecución.
Respecto a los funcionarios del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, se falló sin responsabilidad fiscal a:
- Adriana Meza (representante legal delegada del FUNTIC): se probó que solo tuvo conocimiento del incumplimiento el 20 de mayo de 2021, y no tenía fundamento para tomar acciones previamente.
- Sandra Orjuela (subdirectora de Gestión Contractual del Ministerio TIC): también fue exonerada, ya que cumplió con los procedimientos exigidos y fue inducida en error por el consorcio.
- Camilo Alberto Jiménez Santofimio (supervisor del contrato): no participó en la aprobación de órdenes de pago, lo cual era responsabilidad exclusiva de la interventoría.
Finalmente, las aseguradoras fueron desvinculadas del proceso, ya que sus pólizas estaban asociadas al manejo global de los funcionarios exonerados de responsabilidad fiscal.