Acemi cuestiona informe de la Contraloría sobre gestión de recursos de la salud

En respuesta al informe emitido por la Contraloría General de la República, que analiza el manejo de los recursos de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) durante el año 2020 por parte de 24 EPS, Acemi ha expresado su desacuerdo con la interpretación presentada por el organismo fiscalizador.

La posición de Acemi se basa en la normativa vigente y en precedentes constitucionales que excluyen a los recursos parafiscales de la salud de las normas presupuestales que rigen los recursos fiscales ordinarios.

“La UPC puede usarse para la constitución de reservas técnicas (que al liberarlas se utilizan para el pago de servicios incurridos en el pasado) y para el pago de servicios y tecnologías de la vigencia en curso y de diferentes vigencias, como es propio de un sistema de aseguramiento, especialmente en un escenario de insuficiencia de recursos y de información rezagada, deficiente e insuficiente”, dice el documento.

Según la entidad, la administración de la UPC debe ser flexible para atender tanto las necesidades del año en curso como las de vigencias anteriores, especialmente en un contexto de insuficiencia de recursos e información.

“De aplicarse la tesis expuesta por la Contraloría, -la anualidad y demás reglas del
presupuesto público- se afectará gravemente el flujo de recursos y el pago de deudas en un sistema, cada vez más inviable, entre otras razones por la inacción gubernamental frente a los demostrados problemas de suficiencia”, asegura la Asociación.

Acemi subraya que los fondos asignados en 2020 fueron destinados principalmente a la atención de la pandemia por Covid-19, asegurando la continuidad en la prestación de servicios de salud en un momento crítico para el país.

La entidad también aclara que los recursos adicionales mencionados por la Contraloría, provenientes del Fondo de Mitigación de Emergencias (FOME), se giraron en 2021 y representan un pequeño porcentaje del total de ingresos del sistema de salud en ese año.

“Fueron girados en 2021 por valor de 1.8 billones de pesos por concepto de canastas COVID, que equivalen a cerca del 2% de los ingresos corrientes del 2021”, dice el texto.

En su comunicado, Acemi solicita a la Contraloría una revisión de su postura para evitar un impacto negativo en el flujo de recursos del sistema de salud, que podría comprometer aún más la situación financiera de las EPS y, por ende, la atención de los pacientes, especialmente aquellos en condiciones de vulnerabilidad.