Magistrada que falló tutela a favor de Pretelt fue ascendida en la Judicatura

La magistrada del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá María Lourdes Hernández Mindiola, la misma que contrató en su despacho a la hija del abogado de la familia Pretelt, engavetó durante 20 días la ponencia de su compañero de sala Alberto Vergara, en que este le quitaba el carné de abogado a Víctor Pacheco, confeso lobista que intercedió ante el magistrado Jorge Pretelt para que favoreciera a la firma Fidupetrol y quien lo señaló de pedirle 500 millones de pesos.

La decisión que excluye a Pacheco del ejercicio profesional del derecho y lo multa con 69 millones, fue redactado por Vergara pero no podía quedar en firme hasta tanto no fuera revisado y firmado por su compañera. Hernández Mendiola es también la magistrada que el año pasado falló una tutela a favor de Pretelt en el proceso disciplinario que se lleva contra este, además del político, en la Cámara.

Poco después de estos hechos, la magistrada Hernández que pertenecía al Consejo Seccional de Bogotá fue ascendida al Consejo Superior y podría llegar de nuevo a sus manos la impugnación de esta tutela. En su reemplazo fue nombrado el magistrado Sergio Sánchez quien, a diferencia suya, tardó solo unos días en revisar y firmar la sanción contra Víctor Pacheco.

La actitud, al parecer dilatoria, de la magistrada se explica en que la sanción a Pacheco da nuevos elementos que podrían incorporarse como prueba en el juicio político de Pretelt Chaljub en el Senado pues advierte que Pacheco se valió de su amistad con él y con el magistrado Rojas Ríos para buscar la indebida selección de la tutela con la que Fidupetrol pretendía salvarse de pagar 23 mil millones de pesos, por lo que Pacheco cobró 152 millones 17 días antes de conocer la decisión.

Aunque Víctor Pacheco fue condenado a dos años de prisión luego de confesar el delito de tráfico de influencias, no se allanó a los cargos en su proceso disciplinario por lo cual la Judicatura determinó que su actuación fue grave a título de dolo sin ninguna intención de resarcimiento a la sociedad causando un evidente daño al prestigio de la Corte Constitucional.