Gobierno deberá implementar una política para agilizar las solicitudes de refugio
Según el Ministerio de Relaciones Exteriores, las solicitudes pasaron de 625 en el año 2017 a más de 6.832 en el primer semestre de 2023
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En un fallo con ponencia de la magistrada Paola Meneses, la Corte Constitucional le dio un plazo de seis meses al gobierno nacional para que ponga en marcha una política pública que resuelva los graves retrasos en el trámite de las solicitudes de refugio que presentan extranjeros.
Las respuestas a las solicitudes de refugio están demoradas por el crecimiento exponencial de los casos que han aumentado un 993% en los últimos siete (7) años. Según el Ministerio de Relaciones Exteriores, las solicitudes pasaron de 625 en el año 2017 a más de 6.832 en el primer semestre de 2023.
El Grupo Interno de Trabajo para la Determinación de la Condición de Refugiados sólo cuenta con 16 funcionarios que han atendido y tramitado más de 54 mil solicitudes, casi que de a 3.375 solicitudes por funcionario.
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El fallo dispone que el gobierno deberá implementar una política pública que supere los obstáculos administrativos, financieros y normativos que impiden brindar un buen servicio.
La política deberá fijar tiempos máximos para responder a las solicitudes de refugio; deberá fijar criterios de priorización de solicitudes, que consulten el nivel de riesgo o vulnerabilidad y la pertenencia a uno de los siguientes grupos: menores de edad, embarazadas, madres cabeza de familia, personas en situación de discapacidad y de la tercera edad.
Según la Cancillería, el refugio es una figura de protección internacional que va dirigida a los extranjeros que no pueden, o no quieren, regresar a sus países de origen por temores fundados; por ejemplo, por temor a ser perseguidos por su raza, nacionalidad, religión u opiniones políticas, o por amenazas contra su vida o libertad.
El refugio no aplica a los extranjeros que sólo buscan mejores oportunidades económicas.