La tragedia que no cesa: Colombia supera los 100 líderes asesinados en 2022

El asesinato de líderes sociales y defensores de derechos humanos no cesa,  ya superó el centenar de homicidios en lo que va de año, en un recrudecimiento de la violencia contra los que alzan la voz y muy particularmente contra los pueblos indígenas.

Raúl Alonso García fue el número 100. A este líder político y exconcejal lo asesinaron el 7 de julio en un municipio de Arauca (frontera con Venezuela) y se suma a una trágica lista a la que este martes también se añadió Jaime Losada en el Putumayo (frontera con Ecuador).

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“Este año ha sido mucho más grave que el año pasado, está cada vez peor, casi con los índices del peor año desde la firma del acuerdo de paz que fue 2019”, aseguró a Efe Leonardo González, coordinador del Instituto de Desarrollo de Estudios para la Paz (Indepaz), que monitorea los homicidios en su observatorio.

A la “arremetida de los grupos armados en contra de los liderazgos sociales” se le ha sumado un contexto electoral, que está poniendo en riesgo sobre todo a los líderes comunitarios, a los indígenas y a los afrodescendientes.

La cifra de Indepaz es superior a la de la oficina de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia, que hasta el 31 de mayo había recibido 89 alegaciones o quejas de homicidios de personas defensoras de derechos humanos, de las cuales solo habían podido verificar 21.

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Pero es superior a la que Indepaz había registrado el año pasado a la misma fecha, ya que entonces documentaba 89 asesinatos de líderes sociales. En total, en 2021, fueron asesinados 171 líderes, según este instituto, mientras que el Programa Somos Defensores documentó 139 y la Defensoría del Pueblo, 145.

UN “GENOCIDIO” INDÍGENA

Este año ha sido especialmente preocupante la situación en los territorios indígenas donde, como subrayó a Efe el vocero de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), Óscar Montero, se está dando un “genocidio físico y cultural”.

El pasado 3 de julio, tres jóvenes indígenas awá fueron asesinados a tiros presuntamente por un grupo de disidencias de las FARC en el Resguardo indígena Inda Sabaleta, en el departamento de Nariño, cuando se encontraban en una reunión.

La Asociación Minga denunciaba una “total sinrazón” porque este pueblo indígena es reconocido por la Corte Constitucional en riesgo inminente de extinción y cuenta con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).