En las últimas semanas el contralor distrital, Juan Carlos Granados, ha recibido varias denuncias en su contra, entre ellas, los contratos que le habría dado a Yara Malo, la cuestionada hija del magistrado Malo, presuntamente vinculado al “cartel de la toga”.

Otra denuncia habla de un posible soborno que recibió de Odebrecht cuando hacía campaña para ser gobernador de Boyacá, de hecho, la Procuraduría abrió en las últimas horas una indagación preliminar contra el funcionario para verificar la veracidad de las denuncias.

La vicefiscal general de la Nación, María Paulina Riveros, aseguró que Granados pudo haber recibido 200 millones de pesos de Odebrecht para financiar su campaña como gobernador, frente a esto Granados indica que “hay un boletín de prensa que dice que según la declaración del señor Gaviria, el exsenador Plinio Olano hizo gestiones a favor de mi campaña (…) lo que dice el señor Luiz Bueno, presidente de Odebrecht Colombia, es que nunca le pidió y nunca le dio un peso a este exsenador (…) a la campaña nunca llegó un peso”. 

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Sin embargo, asegura que Plinio Olano, así como todos los senadores “respaldaron mi campaña, yo tuve un resultado electoral de más del doble del segundo contendiente, era una campaña muy exitosa que no necesitaba ni los recursos de Odebrecht ni unos recursos extra”.

Aseguró además que como gobernador nunca le dio un contrato a la multinacional brasileña, “no solo nunca les di contratos, ni recibí recursos de ellos, sino que por el contrario como contralor apliqué la ley con rigor”.

Con relación al señalamiento que vincula a la hija del magistrado Gustavo Malo, Yara Malo, Granados aceptó haberla vinculado con el ente de control, “a ella yo la traigo a la Contraloría, yo a ella la conocí en Boyacá en unos proyectos sociales que desarrollaba y la traigo por cinco meses, por un valor de cinco millones de pesos cada mes, bajo prestación de servicios”.

El contralor recalcó que no conoce al magistrado Malo, “lo he saludado una vez, a ella sí, y yo la traje”. Y seguido indicó que fue nombrada para la dirección de salud como apoyo al proceso auditor. “Estuvo tan solo tres meses porque en el momento en que sale implicada en estos asuntos, renuncia y se va”, agregó.  

Especificó que dentro de la indagación disciplinaria que se abrió, no ha recibido llamado pero aseguró “estar muy dispuesto a responder los requerimientos de la Procuraduría cuando se hagan”.

Finalmente asegura que tampoco ha sido llamado por concejales a debate, pues hay un grupo de dichos funcionarios que busca pedirle la renuncia por las irregularidades y denuncias públicas, “vamos a dar explicaciones de cada una de las cosas (…) no valdría la pena darle gusto a quienes hoy se sienten incómodos por una gestión eficiente y eficaz en el cuidado de los recursos de Bogotá.

“Es el costo de estar bajo el imperio de un Estado de derecho”, concluyó.

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