Video | Por esta razón denuncian al presidente Petro ante la Corte Penal Internacional
Esto es lo que se sabe del documento entregado en La Haya contra Petro.
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Este 27 de mayo, el expresidente del Consejo Superior de la Judicatura y exministro de Justicia, Wilson Ruiz, presentó una denuncia ante la Corte Penal Internacional (CPI), con sede en La Haya, contra el presidente de Colombia, Gustavo Petro.
Según el comunicado compartido por Ruiz, la denuncia se basa en una serie de decretos que, a su juicio, habrían favorecido a grupos armados e ilegales dentro del país, tales como las disidencias de las FARC, el ELN y el Clan del Golfo.
El exministro afirma haber recopilado pruebas suficientes que, según él, evidencian que el presidente habría implementado una estrategia política y militar para empoderar a estos grupos armados.
Al parecer, Ruiz ya había interpuesto varias demandas en los últimos meses ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, adjuntando documentos que respaldaban sus señalamientos. Sin embargo, decidió llevar el caso al fiscal general de la CPI porque, según él, “las víctimas no dejaban de aparecer” y sentía la responsabilidad de darles voz, ante lo que considera una falta de acción por parte del Gobierno Nacional.
“Esta denuncia es un grito por la vida, por la verdad, por la reparación y por la dignidad de millones de colombianos”, dijo Wilson.
La denuncia ante la Corte Penal Internacional marca un nuevo capítulo en la tensión entre sectores opositores y el Gobierno Nacional, y se espera que en los próximos días haya una respuesta oficial o un pronunciamiento por parte de la Casa de Nariño.
¿Qué es la Corte Penal Internacional (CPI)?
La CPI es un tribunal internacional que opera bajo el Estatuto de Roma, y tiene como objetivo juzgar a personas acusadas de cometer crímenes de guerra, genocidio, agresión y crímenes de lesa humanidad.
Tiene su sede en La Haya, Países Bajos, y posee jurisdicción universal frente a las legislaciones nacionales, actuando como un ente complementario. Investiga violaciones graves de los derechos humanos y dicta sanciones para que los responsables reparen a las víctimas.