Viuda de Castaño figura como dueña de predios de 600 hectáreas
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200 propiedades en Urabá, que habrían sido obtenidas por los paramilitares desplazando a los dueños legítimos, están en manos de unos testaferros cuya identidad reveló hoy la Unidad Investigativa del diario El Tiempo…
La viuda de Carlos Castaño y su pequeña hija harían parte del grupo de testaferros… Próximamente el Tribunal de Justicia y Paz debe decidir si se anulan los títulos de propiedad para devolver las fincas a sus propietarios desplazados.
El Tiempo revela hoy los nombres de los testaferros que aparecen como dueños de 200 fincas en el Urabá y que según pruebas y denuncias en poder de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación de Antioquia, el Ministerio del Interior, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo y la Personería de Medellín obtuvieron esos bienes mediante falsificación de documentos o presión armada a sus dueños. Estos casos afectaron a 95 familias de campesinos y ganaderos que poseían cerca de 3 mil hectáreas.
Entre los testaferros se encuentran Kenia Gómez Toro y Rosa María Castaño, esposa e hija del asesinado jefe paramilitar Carlos Castaño. Según El Tiempo las dos figuran como dueñas de una hacienda conformada por los predios Las Margaritas, El Consejo, Puertorriqueño, Nueva Ilusión y Los Claveles, fincas que suman casi 200 hectáreas y por las que le pagaron a su antiguo dueño 11 millones de pesos en 1996… estas fincas aparecieron cinco años después fusionadas con otra hacienda de 409, 9 hectáreas. Ahora, Kenia Gómez y Rosa María Castaño tendrán que explicarle a la justicia cómo adquirieron esos bienes cuando la primera tenía 19 años y la segunda apenas cumplía un año de nacida.
El Tiempo también menciona al empresario Jaime de Jesús López Echeverry, Jorge Eljach Zúñiga, Benjamín Alvarado Bracamonte, presunto cabecilla de la banda criminal “Los Traquetos” y el hijastro del paramilitar Carlos Ardila, alias Correa.
Esta semana el Tribunal de Control de Garantías de Justicia y Paz de Medellín recibirá una petición para cancelar 19 títulos de predios con una extensión superior a 2 mil hectáreas en Urabá y le sean restituidos a los verdaderos dueños desplazados por los paramilitares.