Uno | El peligro al que se enfrentan varios candidatos a cargos de elección popular
Se cerraron las inscripciones de aspirantes a cargos de elección popular y comienza una carrera contra el reloj
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Procuraduría, Contraloría y Fiscalía tienen un plazo de 72 horas para revisar los antecedentes disciplinarios, fiscales y penales de más de ciento veinte mil candidatos de todo el país.
Los tres organismos de control deben realizar ese cruce de información en máximo tres días y entregar un reporte al Consejo Nacional Electoral, que por ley es el único organismo facultado para anular la inscripción de los candidatos que tienen sanciones disciplinarias, fiscales y penales.
Y es que hay muchas versiones sobre presuntas inhabilidades de algunos candidatos; por ejemplo, el caso de Rodolfo Hernández, quien aspira a la Gobernación de Santander y a quien la Procuraduría le impuso una inhabilidad de 14 años para ocupar cargos públicos.
También está Samuel Santander Lopesierra, conocido como «el Hombre Marlboro», quien fue extraditado y condenado en los Estados Unidos por narcotráfico y que se inscribió como candidato a la Alcaldía de Maicao.
Y aquí viene la parte más delicada: el artículo 389A del Código Penal advierte que podrá ir a la cárcel quien sea elegido ilícitamente; dice textualmente:
«El que sea elegido para un cargo de elección popular estando inhabilitado para desempeñarlo por decisión judicial, disciplinaria o fiscal incurrirá en prisión de cuatro (4) a nueve (9) años y multa de doscientos (200) a ochocientos (800) salarios mínimos legales mensuales vigentes».
Queda la advertencia; soldado advertido no muere en guerra.