Uno | El lío por una oficina en la Cámara de Representantes
En toda una novela se ha convertido la entrega de una oficina para el representante Alejandro Ocampo, del Pacto Histórico
Resulta que su llegada al Congreso junto con tantos nuevos congresistas ha provocado una crisis de oficinas disponibles. Al inicio de la legislatura, al representante Ocampo le asignaron, para que trabajara con su equipo, la Oficina de Auditoría Interna de la Cámara, un espacio donde en ese entonces ya laboraban 13 personas.
Sin embargo, en julio del año pasado, el congresista recibió este oficio en el que le anuncian que van a hacer una adecuación a dicha oficina y, en consecuencia, lo iban a ubicar temporalmente en otro espacio. Hasta ahí, nada muy fuera de lo normal.
Sin embargo, los meses pasaron y el representante Ocampo no recibía ni la anunciada oficina ni la temporal; en diciembre, le dieron un espacio temporal que, afirma él, estaba en condiciones lamentables.
Finalmente, en marzo de este año, le notificaron que ya todo estaba listo para que se pasara a la oficina que le habían asignado originalmente, pero 14 meses después, es la hora en que aún no se la han entregado, razón por la que Ocampo y su equipo decidieron ir el fin de semana pasado y cambiar las cerraduras de la que él considera como su oficina.
El lío se agrandó cuando ayer, las 13 personas que trabajan en la famosa oficina, llegaron a cumplir con su labor y se encontraron con que no podían entrar. En esa oficina está funcionando la Comisión Legal de Cuentas, encargada por Constitución y por ley, de aportar todos los elementos necesarios para que se cumpla el control político al manejo de las finanzas del Estado.
Para rematar, la policía, por solicitud del representante Ocampo, selló el lugar, pues Ocampo asegura que quiere entregar los documentos que allí reposan con acompañamiento de la Procuraduría y la Defensoría. Como resultado de esto, ahora el afectado presidente de la Comisión Legal de Cuentas emitió el siguiente comunicado:
«No nos hacemos responsables por la pérdida o el daño de los equipos de oficina y de la información financiera de las 343 entidades del Estado (expedientes) que quedaron debidamente custodiados desde el día sábado 09 de septiembre en la tarde».
Desde la Comisión Legal de Cuentas señalan que el presidente de la Cámara, la mesa directiva y el secretario general deben ponerse al tanto de la situación y responder con prontitud.