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Uno, Dos, Tres

Tres | Dos dependencias del Gobierno chocan por el consumo de estupefacientes en un matrimonio

Se estudia una demanda que pide tumbar una disposición que establece que es causal de divorcio el hecho de que uno de los cónyuges haga uso habitual de sustancias alucinógenas

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El Ministerio de Justicia y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) han chocado en las posturas que tienen respecto del consumo de estupefacientes o drogas en un matrimonio.

La Corte Constitucional estudia una demanda que pide tumbar una disposición del Código Civil que establece que es causal de divorcio el hecho de que en un matrimonio uno de los dos cónyuges incurra en «el uso habitual de sustancias alucinógenas o estupefacientes, salvo prescripción médica».

La demanda, radicada por el estudiante de Derecho Camilo Andrés Montero, advierte que posibilitar un divorcio por el hecho de que uno de los integrantes de la pareja consuma drogas atenta contra «el derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad».

El Ministerio de Justicia está de acuerdo con el demandante: Gloria Miranda, directora de la política de drogas del Ministerio, advierte que «no puede ser de protección constitucional el hecho de que a uno de los cónyuges no le guste o esté en desacuerdo con el consumo de sustancias psicoactivas del otro, en desmedro del derecho al “libre desarrollo de la personalidad”».

Y en la otra esquina está el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar: advierte el ICBF que debe mantenerse esa causal de divorcio para proteger a los niños del matrimonio:

«El Estado, la familia y la sociedad tienen el deber de proteger a los menores de edad frente a condiciones extremas que amenacen su desarrollo armónico, tales como el consumo de sustancias psicoactivas, estupefacientes o alcohólicas».

El problemón jurídico deberá resolverlo la magistrada ponente, Paola Meneses

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