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Uno, Dos, Tres

Ñapa | Polémica por una reunión entre la procuradora general y el Consejo de Estado

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El Consejo de Estado está por definir un asunto trascendental y que podría marcar el rumbo de varias investigaciones que se adelantan contra alcaldes y gobernadores: el alto tribunal definirá si revisa o no las sanciones que la Procuraduría impone a funcionarios de elección popular.

En el interior del Consejo de Estado hay una división: algunos magistrados aseguran que la Procuraduría no puede afectar los derechos políticos de los
funcionarios elegidos popularmente; se basan en el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que tras la destitución del entonces alcalde
de Bogotá Gustavo Petro advirtió que las sanciones de destitución e inhabilidad no pueden ser adoptadas por organismos administrativos. Pero otros magistrados piensan lo contrario.

En medio del estudio de este tema, el Consejo de Estado ha aceptado los impedimentos de algunos magistrados que tienen parientes laborando en la
Procuraduría, como el magistrado Germán Osorio Cifuentes, cuyo hermano trabaja como procurador judicial, y los magistrados Nicolás Yepes Corrales
y Fredy Ibarra Martínez, cuyas esposas también tienen cargos similares en la Procuraduría.

Pero hay un impedimento que ha generado polémica: es el del magistrado Ómar Joaquín Barreto. Barreto ejercía como magistrado auxiliar antes de ser elegido magistrado titular y se reunió con la procuradora general, Margarita Cabello, con algunos magistrados de la Sala de Consulta y con el entonces presidente del Consejo de Estado Jaime  Rodríguez Nava.

Esa reunión tuvo como objetivo darle respuesta a la procuradora Cabello a una consulta en torno a la sentencia de la Corte Constitucional que le mantuvo las facultades sancionatorias a la Procuraduría, pero con la condición de que las sanciones las revise el Consejo de Estado.

En esa reunión, el magistrado Barreto opinó abiertamente sobre las facultades otorgadas al ministerio público y por ello se declaró impedido para conocer del caso.

La Sala Plena del Consejo de Estado negó el impedimento advirtiendo que Barreto habló como magistrado auxiliar y no como magistrado titular.

La polémica continúa y hay un sector en el Consejo de Estado que considera que el magistrado Barreto ya opinó sobre el tema y por lo tanto, debe apartarse del debate.

Complicado el tema.

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