Ñapa | Gustavo Petro, parece desconocer el fallo de la Corte Constitucional sobre las facultades sancionatorias de la Procuraduría
Dicho fallo de la Corte Interamericana advirtió que las autoridades administrativas como la Procuraduría no pueden afectar los derechos políticos
el presidente, Gustavo Petro, ha estado asegurando en su cuenta de Twitter que la Procuraduría General de la Nación no tiene las facultades para sancionar a los funcionarios elegidos popularmente.
El presidente se basa en un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que, en 2020, condenó al Estado colombiano por la destitución que, en 2013, el exprocurador Alejandro Ordóñez le impuso a Petro, en calidad de exalcalde de Bogotá.
Dicho fallo de la Corte Interamericana advirtió que las autoridades administrativas como la Procuraduría no pueden afectar los derechos políticos de los funcionarios de elección popular, pues solo los jueces son competentes para ese tipo de decisiones.
Para cumplir con esa sentencia, el Congreso de la República aprobó en 2021 una reforma de la Procuraduría General de la Nación en la que le otorgó facultades de juez a dicho organismo. Dicha reforma fue modificada, en febrero de este año, por decisión de la Corte Constitucional.
En la sentencia C-030-23, la Corte, con ponencia de los magistrados Juan Carlos Cortés y José Fernando Reyes, tumbó el artículo que le otorgó facultades de juez a la Procuraduría.
No obstante, el fallo de la Corte determinó que la Procuraduría General sí tiene las facultades para sancionar a los funcionarios elegidos popularmente, pero que dichas sanciones solo quedarán en firme una vez sean revisadas por el Consejo de Estado, tribunal que tiene la última palabra.
La procuradora general, Margarita Cabello, ha expresado que dicha sentencia de la Corte Constitucional faculta a su entidad para seguir sancionando a alcaldes, gobernadores y congresistas, por eso, Cabello no entiende por qué el presidente de la República insiste en expresar que la Procuraduría está evadiendo la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, si ya hay un pronunciamiento de la Corte Constitucional en ese sentido.
El presidente de la República y los miembros de su Gobierno aún no le han solicitado a la Corte Constitucional que anule la sentencia sobre las facultades de la Procuraduría, pues la Corte no ha notificado el texto definitivo.
Como no hay solicitud de nulidad sobre dicha sentencia, se entiende que en este momento todas las autoridades del Estado deben cumplirla.