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Santa Marta se declararía víctima de políticos colombianos y españoles por acueducto

La ciudad de Santa Marta podría declararse víctima de la investigación que en España se conoce como la Operación Lezo, en la que los ejecutivos de una empresa pública de la ciudad de Madrid, el Canal Isabel Segunda, se hizo a la propiedad de su acueducto, con el favor de políticos locales y paramilitares.

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Santa Marta se declararía víctima de políticos colombianos y españoles por acueducto

Noticias Uno conoció la denuncia penal que será interpuesta en contra de Luis Fernando Arboleda, actual gerente de Findeter, Diego García, pedido en extradición por España, Edmundo Rodríguez, vinculado a la operación lezo en Madrid, al igual que Antonio Navarro Reina, Raúl Quintero, Luis José Londoño y Johana Segrera. Se pretende que ellos respondan, en su calidad de exgerentes de Metroagua e Inassa, por el desfalco al acueducto de Santa Marta.

“En contubernio con exalcaldes del Distrito de Santa Marta, se encargaron de tornar lesivo para esta entidad territorial con un acuerdo bilateral que correlativamente favoreció los intereses de los grandes socios privados de la empresa prestadora”, dice el documento.

La denuncia relata cómo desde 1989 se firmaron contratos y modificaciones ilegales, permitiendo que las redes de alcantarillado y su recaudo, pasaran a manos de Inassa, la filial en Colombia de Canal Isabel II de Madrid, cuyo presidente reconoció no haber invertido un solo euro en Latinoamérica

“Canal Gestión no invierte, ni un solo euro de lo recaudado por los madrileños en el extranjero, sin embargo sí que obtenemos a cambio beneficio de las inversiones que hacen nuestras empresas filiales”, afirmó Ángel Garrido, presidente Canal Isabel II en Madrid.

Dice la denuncia que “inicialmente se estipulaba una pírrica ganancia para ese ente público (…) que paulatinamente fue mermada hasta su completa eliminación a través de varias modificaciones contractuales suscritas por diferentes administraciones distritales entre los años 1997 a 2002”.

El documento detalla cómo en 1989 la ciudad firmó en desventaja y entregó el 77% del recaudo. En 1996, se firmaron otrosí que obligaron al Distrito a asumir los gastos de expansión del servicio. En el 2000, cuando Arboleda llegó a la gerencia, se pactó que todas las nuevas obras, incluidas las futuras, pertenecerían al contratista Metroagua.

“Extrañamente, excluye el contrato de arrendamiento de la figura jurídica denominada interventoría”

Pero fue en el año 2002 cuando se obligó a la ciudad a reconocer las inversiones hechas por Metroagua y se creó la “cláusula de “retención de la infraestructura” que les permitió tenerla hasta 2017, cuando un juez los obligó a devolverlas. La denuncia expone cómo alcaldes y exgerentes, se saltaron la licitación pública y estudios de planeación

“En 2016 Metroagua, exigió como condición previa para entregar las redes públicas al Distrito (…) la astronómica suma de veinte millones US por el reconocimiento de unos supuestos costos de inversión que a la fecha no se conocen ni están demostrados”.
También revela cómo Metroagua se apropió de los subsidios del gobierno a los estratos bajos, y de los recursos públicos de regalías

“Entre el 2009 y el 2014 la alcaldía ha transferido a Metroagua algo más de 53.000 millones de pesos. Si de estos se descuentan los 3.000 millones girados por concepto de pago de servicios”.

El escrito hace énfasis a la gestión de Arboleda al frente de Metroagua

“Al parecer contribuyó en la financiación y estructuración de proyectos de acueducto en Barranquilla en la TRIPLE A y en METROAGUA, lo que se ejecutó a través de dos empresas españolas (Abengoa y Azvi), lo que podría arrojar como resultado un favorecimiento a tercero”

La denuncia penal plantea que el Estado colombiano debe declararse víctima del desfalco, pues habitantes consumieron agua que afectó su salud y se incrementaron sus facturas por un deficiente servicio.





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