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Empresario que explota parqueadero del estadio El Campín no le paga al Distrito

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La restitución de un bien público es un trámite sumario, si se trata de desalojar a vendedores de cigarrillos y dulces, pero el bien del que se apropió un empresario fantasma en Bogotá produce 30 millones de pesos por semana y su trámite lleva 23 años y no va por la mitad.

Aunque el estadio El Campín y sus predios aledaños le pertenecen al Distrito Capital, el parqueadero en el que los hinchas dejan sus carros durante los partidos es un negocio particular.

Acero, presidente de la Organización Aceros, asumió el predio como propio, pues inclusive se negó a pagar los arriendos.

“Dentro de los incumplimientos la falta de pago de canon de arrendamiento”: IDRD.

Y sin ningún control ni rendir cuentas cobra la tarifa que a sus clientes forzados les parecen fuera de lugar.

Además de los operarios del parqueadero, el principal capital del empresario es el abogado. Sus maniobras judiciales le permitieron gambetear el pago del arriendo y el desalojo entre 1995 y 2011.

El IDRD agrega que “en el año 2011 ya cuando se determina que la tutela es improcedente, el Instituto instaura una querella policiva”

Es decir, faltaba un sencillo procedimiento policial de restitución de un espacio público, asunto que si se trata de un vendedor ambulante la Policía resuelve en segundos.

En este caso no se trataba de desposeídos, sino de un negocio que recauda mínimo 30 millones de pesos en cada fecha del fútbol colombiano.

Cuando se hizo evidente que Acero estaba tratando de quemar tiempo, el alcalde de Teusaquillo se declaró impedido, porque había trabajado para el empresario fantasma. El balón lo recibió el de Los Mártires, que también jugó en su propio terreno, hasta que el Consejo de Justicia de Bogotá detuvo su jugada, pues su colega no tenía ninguna facultad para entregarle el proceso.

Desde que la bola está muerta en los despachos del Consejo de Justicia de Bogotá, Bruno Felipe Acero, ha recaudado 9.360 millones de pesos y su cuenta sigue subiendo en cada fecha.

Aunque sus abogados parecen estar en todos los despachos haciendo siempre la movida oportuna, el empresario no aparece en sus direcciones de notificación judicial.

Su único contacto con la ciudad parece ser su mensajero.

El Consejo de Justicia de Bogotá dice que ahora espera dos cartas de los alcaldes locales que no han ordenado el desalojo y, como ha ocurrido durante los últimos 23 años, cada miércoles o sábado que se tarden en contestar, el empresario fantasma recibirá otros 30 millones de pesos.

¡Qué Tal Esto!

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