Prosperidad y Constitución por Jorge Laverde Vargas
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A lo largo de la historia, la humanidad ha hecho grandes preguntas sobre su propio destino ¿cómo podemos lograr un desarrollo sostenible?, ¿cómo reducir la desigualdad? Y ¿cómo podemos fomentar la innovación y el progreso tecnológico?, marcando el derrotero en la agenda pública global. “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos (…)” principio consagrado en la declaración universal de derechos humanos desde 1948. No obstante, el proceso globalizador ha transformado la relación entre el Estado y el ciudadano. El sociólogo Germán Silva-García argumenta que la globalización, al afectar a los Estados, también impacta a su instrumento central, el derecho, lo que conduce a transformaciones desde la teoría del derecho hasta la práctica jurídica.
Con ese espíritu nace la declaración del milenio en el año 2000 y posteriormente, la agenda 2030 compuesta por 17 objetivos de desarrollo sostenible (ODS) agrupados en cinco ejes. Uno de ellos es el de prosperidad, y cuyas metas deben ser alcanzadas por los 193 miembros de Naciones Unidas a 2030. Para el caso colombiano, la evidencia muestra que no se ha logrado el desarrollo de políticas públicas, especialmente en los campos de ciencia y tecnología que permitan el cumplimiento de los ODS que conforman el eje de prosperidad, con lo cual se afecta los fines y derechos mismos de la Constitución Política del país. Todo esto en el marco de un “nuevo constitucionalismo” tal como expresa Silva-García, en el que los derechos colectivos adquieren una mayor importancia que los derechos individuales.
Las cifras muestran que la brecha de acceso a electricidad entre áreas rurales y urbanas se ha reducido significativamente. Para el año 2022, el 97% de los hogares urbanos contaba con acceso a energía, mientras en la zona rural la tasa de acceso se ubica en 86% aproximadamente. Entre 2010 y 2021, el PIB real per cápita en Colombia creció, pero se mantienen retos como la informalidad laboral, brechas de género en el empleo e impacto ambiental por el uso de los recursos naturales. Con este contexto, ¿qué conclusiones y recomendaciones permiten desde el derecho constitucional la promoción de políticas públicas que conlleven el cumplimiento de los ODS en el eje de prosperidad articulados a la ciencia, la tecnología y la innovación en Colombia? O como diría Ferrajoli, ¿qué elementos son esenciales para la construcción de un programa normativo para el futuro?
Hay tres recomendaciones clave. Primero, el fortalecimiento del rol simbólico de MinCiencias, es decir, la búsqueda de herramientas que promuevan la eficacia simbólica de las normas vigentes para el desarrollo del sector. Segundo, optimizar los indicadores de forma preferente a la saturación en la producción de política pública. Para ello, se requieren optimizar los mecanismos de evaluación de impacto de las políticas existentes. Lo tercero es la vinculación comunitaria y la participación ciudadana. Esto es, usar la participación como medio para el cumplimiento de metas y ODS en el camino de construcción de innovación.
La investigación permite concluir que, aunque Colombia ha logrado avances en el acceso a servicios básicos, persisten problemas de calidad y asequibilidad. La informalidad laboral y las desigualdades de género son temas críticos que requieren ajustes estructurales. Se sugiere que el fortalecimiento de las pequeñas y medianas empresas (PYMES) y la promoción de economías solidarias se incrementen como estrategias clave para fomentar el empleo decente y mejorar las condiciones socioeconómicas de los y las colombianas.