La revolución normativa e inteligente de la ciudad
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Tomar un taxi en la mitad de una tormenta, pagar el peaje de forma automática, recibir en tu smartphone alertas sobre congestión vial, usar un carril exclusivo para bicicletas clásicas o eléctricas, scooters u otros medios de transporte, identificar lugares de estacionamiento cuando estás en una extensa fila para ingresar al concierto de tu banda favorita, monitorear el consumo de energía en tu hogar, tener información sobre la calidad del aire para tomar la decisión de salir a dar un paseo o quedarte en casa, activar mapas de calor en la ciudad que detectan y te informan sobre zonas de riesgo de hurtos y delitos en tiempo real, salir a la estación dos minutos antes que el servicio de transporte pase o simplemente enviar una idea por APP móvil para mejorar la calidad de vida en la ciudad podría parecer una utopía; aún más si la vida cotidiana transcurre en una ciudad intermedia, en cuyo caso, se estaría pensando que, quizás, solo funcione en las megaciudades del país.
Lo cierto es que este movimiento comenzó a inicios del siglo XXI, acuñándose el término de “smart city” o “ciudad inteligente” para definir entornos urbanos que utilizan la tecnología y conectividad para mejorar la calidad de vida de sus habitantes, mejorar la eficiencia en la gestión de los recursos y promover la sostenibilidad.
El continente europeo es la región que presenta mayor avance en cuanto a ciudades inteligentes, apoyada y financiada por la plataforma Europa 2020. A partir de su experiencia, establecieron un estándar de clasificación. Son seis puntos clave para la clasificación de una ciudad inteligente: Economía, Ciudadanía, Gobernanza, Movilidad, Medio Ambiente y calidad de vida.
Estas ciudades integran sistemas y servicios que recopilan y analizan datos en tiempo real, permitiendo tomar decisiones informadas a los ciudadanos y a sus gobernantes. Esto requiere analizar la ciudad desde un enfoque más holístico, integrado y multidisciplinario.
La noción de “eficiencia” y “sostenibilidad” conduce al propósito de una ciudad inteligente: menos desperdicio, mejor calidad de vida, eficiente gestión de recursos, mejor convivencia, mayor colaboración y en particular, la comunicación es un aspecto central, porque implica la interconexión entre los sistemas de control y seguimiento, los recursos ambientales, sociales y económicos de la ciudad, los sistemas de información y gestión del conocimiento e implica la participación activa de las comunidades locales. Las y los ciudadanos son centrales en la construcción de un programa inteligente, porque pueden reforzar su papel, promover nuevas prácticas sociales y fortalecer la proximidad con el espacio de la ciudad.
Ahora bien, desde mi posición como secretario general de la comisión sexta del Senado y conocedor de los trámites legislativos, observo que la discusión sobre ciudades inteligentes debe avanzar hacia una revolución normativa eficiente e inteligente.
Se requiere construir cimientos normativos estructurales por medio de leyes y modos de regulación que faciliten la transición hacia territorios inteligentes. Si bien el país ha dado pasos en esa dirección mediante el PND “2018-2022” que estableció como acción prioritaria la adopción del modelo de ciudades y territorios inteligentes en el marco de la política de Gobierno Digital; la estrategia “Ciudades y Territorios Digitales” liderada por MinTIC. Los lineamientos técnicos que soportan los Acuerdos Marco de Precio (AMP) en materia de ciudades inteligentes, el índice de ciudades y territorios inteligentes que inició su medición en el 2020 y el PND “2022-2026” en el que se fortalece la estrategia de “Gobierno Digital para la Gente”, la realidad social en los territorios del país muestra la apremiante necesidad de un desarrollo legislativo en esta materia. En otras palabras, una revolución normativa.
*Las opiniones expresadas en las columnas son responsabilidad exclusiva de los autores, y no representan el punto de vista ni la posición del Canal 1.