Radican demanda para anular licencias de torres que se construyen cerca al Castillo San Felipe
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30/10/2017
El procurador Fernando Carrillo aseguró que esos inmuebles se han construido violando las normas de conservación del Castillo San Felipe y que esas licencias nunca debieron ser expedidas.
“Hoy hemos radicado la demanda que pretende la anulación definitiva de las licencias urbanísticas de las 4 torres de Aquarela, una de ellas ya en construcción”, indicó el procurador.
Señaló que el curador nunca debió dar las licencias al proyecto y de prosperar su nulidad podría ser demolido.
“Eso puede conducir a detener las obras y poder disponer la demolición del edificio por decisión de la justicia”, agregó.
Por otra parte, el jefe del ministerio público pidió a la ANI detener la compra de predios del senador Mauricio Lizcano, reclamados en Restitución de Tierras por herederos de víctimas declaradas muertas y que pertenecen al congresista y a su padre desde 2012.
“Hoy oficialmente le hemos solicitado a la ANI detener la compra de los predios “Sausagua”, “Guamerú” y “Lote Sausagua”, en Quinchía, Risalralda, propiedad del senador Mauricio Lizcano y su padre Oscar Tulio Lizcano, que son reclamados por víctimas de despojo en un proceso de restitución de tierras”.
Fue enfático en decir que seguirá el análisis y la recolección de información para presentar el concepto a la Sala Especializada de Restitución de Tierras del Tribunal.
“Y va a compulsar copias a las Procuraduría auxiliar de asuntos disciplinarios con el fin de que sea tenida en cuenta en el proceso que se abrió al senador el pasado 4 de julio por hechos relacionados con este caso y que se encuentran en este momento en estados de indagación preliminar”.
El procurador también solicito la suspensión del contrato de la empresa Triple A en Barranquilla con Inassa, tras el Hallazgo de presuntas irregularidades.
“Por un presunto pago de servicios de asesoría técnica en la gestión comercial operacional administrativa y técnica de los tres servicios que brinda la triple A en Barranquilla que como ustedes saben son acueducto, aseo y alcantarillado que no ha sido suministrado”.
De acuerdo a lo expresado por el ministerio público no reposan informes de interventoría relacionados con el contrato de asistencia técnica con Innasa por lo que se ha pagado la suma de más de 221.000 millones de pesos.
“Es decir, estamos hablando de un contrato de más de 221.000 millones de pesos desde el 2012 pero de un contrato que fue suscrito en el año 2000, es decir, llevamos 17 años de un contrato en donde hay una remuneración que corresponde 4.5 % del valor del recaudo de la triple A”, sostuvo.
El procurador participó del foro ‘Ética, el Reto de la Ciudadanía y la Justicia’, que se realizó en Cartagena.