Procuraduría pide preservar a la justicia en caso Mancuso tras ser designado gestor de paz
Su designación como gestor de paz busca mediar con el Clan del Golfo, grupo heredero de las AUC, aunque los diálogos hasta ahora han resultado infructuosos.
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En una reciente declaración, la Procuraduría) ha expresado su preocupación respecto a la designación de Salvatore Mancuso como gestor de paz por parte del presidente Gustavo Petro. Mancuso, exjefe paramilitar que retornó a Colombia deportado desde Estados Unidos, busca conciliar sus nuevas funciones con sus compromisos bajo la Ley de Justicia y Paz.
La coordinadora nacional de Justicia y Paz del órgano de control subrayó que las obligaciones primordiales de este proceso son las víctimas, indicando que “en manera alguna puede soslayar y diluir las obligaciones y compromisos con el proceso de Justicia y Paz, principalmente porque su núcleo son y seguirán siendo las víctimas”.
Mancuso, quien llegó a Bogotá el pasado martes tras cumplir condena por narcotráfico en EE.UU., ha asegurado su disposición a acatar las condiciones restrictivas que le imponga la justicia. No obstante, la Procuraduría insiste en que, en caso de otorgársele la libertad, se deben aplicar restricciones a su movilidad para garantizar los derechos de las víctimas.
El excomandante de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) se enfrenta a la justicia por los numerosos crímenes cometidos durante el conflicto armado. Su designación como gestor de paz busca mediar con el Clan del Golfo, grupo heredero de las AUC, aunque los diálogos hasta ahora han resultado infructuosos.
En la más reciente audiencia ante la jueza de ejecución de sentencias de Justicia y Paz, se debate la posibilidad de concederle la libertad a Mancuso. La Procuraduría argumenta que la falta de restricciones a sus desplazamientos constituiría una afrenta a los derechos de las víctimas y una vía hacia la revictimización.
Mancuso, conocido por su vida criminal, dejó las armas en 2006 junto con la mayoría de los miembros de las AUC, responsables de numerosos crímenes durante el conflicto armado. Su desmovilización se llevó a cabo tras negociaciones con el Gobierno de Álvaro Uribe, quien posteriormente lo extraditó a Estados Unidos en 2008 por narcotráfico.
A pesar de ser condenado en 2015 a 15 años y 10 meses de prisión por narcotráfico en EE.UU., el juez estadounidense consideró cumplida la pena en marzo de 2020, teniendo en cuenta el tiempo que Mancuso estuvo encarcelado en Colombia y en espera de juicio en Estados Unidos.