Procuraduría llama a juicio a dos generales y cinco coroneles por espionaje

La Procuraduría General de la Nación llamó a audiencia de juzgamiento disciplinario a dos generales en retiro, cinco coroneles, tres mayores, un teniente y dos suboficiales adscritos a la Jefatura del Estado Mayor Operaciones, el Comando de Apoyo Combate Inteligencia Militar, Comando Brigada #1 de Inteligencia Militar y los batallones de Ciberinteligencia, Inteligencia Militar Estratégico #4 y de Contrainteligencia de Seguridad de la Información, por presunta recolección de información de carácter íntimo de ciudadanos nacionales y extranjeros.

GENERALES

• General (r) Luis Felipe Montoya, exjefe de operaciones del Ejército
• General (r) Gonzalo Ernesto García Luna, excomandante del Departamento Conjunto de Inteligencia y Contrainteligencia

CORONELES

• Coronel Julio Tobías López Cuadros
• Coronel Milton Eugenio Rozo
• Coronel Hugo Armando Díaz
• Coronel Juan Esteban Zapata
• Coronel Benjamín Ramírez Villalobos

Entre los reproches que formuló el Ministerio Público está la presunta obtención, durante el año 2019, de información de carácter personal, tanto de los aparentemente perfilados, como de otras personas con quienes aquellos tendrían afinidad o interacción, en presunta contravía de los requisitos previstos en la Ley de Inteligencia y en una eventual afectación de los derechos fundamentales de personas, lo que fue calificado como una falta gravísima a título de dolo.

En el juicio disciplinario deberán responder por la presunta recolección de información de carácter personal e íntimo de periodistas nacionales y extranjeros, integrantes de organizaciones sindicales, ONG, políticos y congresistas, en la que se habrían desconocido los requisitos y límites que fija la Ley de Inteligencia y el respeto a los derechos fundamentales de los ciudadanos.

La audiencia se convocará en los siguientes 15 días de notificado el llamado a juzgamiento disciplinario.

Finalmente, la Procuraduría solicitó al Ministerio de Defensa, como medida cautelar, que en un término de 5 días informe las acciones adoptadas o por adoptar de manera inmediata, para actualizar los protocolos de inteligencia, fortalecer y precisar los mecanismos de control interno, o implementar esquemas de verificación en cuanto a restringir de manera definitiva cualquier procedimiento o actuación que, al amparo de las normas de inteligencia y contrainteligencia, puedan de alguna manera dirigirse al perfilamiento de personas que no correspondan a objetivos legítimos de su accionar y que no estén identificados según procedimientos reglamentarios, como sujetos de la acción legítima, en especial periodistas o líderes sociales.