Ordenan embargo de bienes a involucrados con el escándalo de Centros Poblados
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Al admitir la acción popular, radicada por la Procuraduría, con la que se pretende la recuperación del anticipo por 70 mil millones de pesos que el Ministerio de las Tecnologías le pagó a la Unión Temporal Centros Poblados, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó el embargo de las cuentas que pertenecen a cada uno de los integrantes de dicha unión temporal.
También ordenó el secuestro de los bienes muebles e inmuebles, que Centros Poblados pueda tener por contratos firmados con otras entidades públicas.
Y le ordenó a la Unidad de Información y Análisis Financiero -UIAF- que rastree las cuentas por las que pasaron los recursos del anticipo.
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El Tribunal ordenó el levantamiento del velo corporativo de las personas jurídicas que conforman a Centros Poblados. El velo es una figura que se utiliza para proteger el patrimonio de los socios que conforman una sociedad.
Por orden del Tribunal, las Cámaras de Comercio del país tampoco podrán modificar la composición de las empresas que conforman a Centros Poblados: Intec De la Costa, Omega Buildings, Novotic e ICM Ingenieros.
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La Fiscalía y Migración Colombia deberán informar sobre los movimientos migratorios de los integrantes de Centros Poblados y deberán buscar a las personas que, desde el exterior, han tenido que ver con este negocio.
“Ordénase al ministerio de relaciones exteriores y a la fiscalía general de la nación, que, en el término de tres (3) días, realicen la búsqueda de personas naturales o jurídicas en el exterior vinculadas con los supuestos hechos dañosos e irregularidades referidos en el escrito de demanda, con el fin que realicen las actuaciones pertinentes según sus competencias y soliciten a través del organismo competente del país extranjero, la imposición de las medidas cautelares de embargo y secuestro de bienes, dineros y rentas y/o orden de imposibilidad de disposición de dichos bienes hasta tanto finalice el trámite de la presente acción“, dice la providencia.
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Así mismo, el Tribunal ordenó a Colombia Compra Eficiente suspender todos los contratos que aparezcan a nombre de los integrantes de la UT.
“Se ordenará al MinTIC que, en el término de cinco (5) días, inicie los procedimientos a que haya lugar y adopte las medidas frente a las acciones u omisiones de SESColombia SAS., la interventoría del contrato y a los funcionarios públicos y demás contratistas del MinTIC y del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones que hicieron parte del proceso pre contractual y contractual y permitieron la consolidación de las irregularidades que se expusieron en los hechos de la presente acción constitucional“, dice el fallo.